Tres dominicanos figuran en orden de captura de EE. UU. por presunto tráfico de cocaína

Santo Domingo. – Con el conocimiento reciente de una orden de captura emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida, varios ciudadanos dominicanos podrían ser solicitados en los próximos días por el Gobierno de los Estados Unidos para ser extraditados, entre ellos el regidor del Distrito Nacional Edickson Herrera Silvestre.

Herrera Silvestre, quien representa al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Consejo Municipal del Distrito Nacional, ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de conspirar para enviar y distribuir cocaína en territorio norteamericano.

Este es el segundo caso de alto perfil que vincula a un legislador de dicha organización política con el narcotráfico, luego de que el exdiputado Miguel Gutiérrez fuera arrestado y condenado en 2023 por delitos similares.

Otros involucrados en la acusación

Junto a Herrera Silvestre también figura José Eduviges Aponte Torres, alias “Buby” o “Meano”, señalado como parte de la misma red de distribución de sustancias controladas.

Además, un nombre que había pasado desapercibido en la acusación es el del general retirado de la Policía Nacional William Durán Jerez, identificado en el documento judicial como “el general”. De acuerdo con una fuente vinculada a organismos de investigación, confirmada por un medio de circulación nacional, se trata del mismo oficial que fue retirado en 2009 mediante el Decreto Presidencial 161-09, durante el gobierno de Leonel Fernández, por antigüedad en el servicio.

Durán Jerez ocupó, entre otros cargos, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE) y la dirección de Seguridad Preventiva de la Policía Nacional.

Detalles de la acusación

Según el documento judicial, los tres imputados están vinculados a un plan para traficar cinco kilogramos o más de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína. La acusación establece que la actividad se desarrolló en conjunto con otros conspiradores aún no identificados.

Consecuencias legales

De ser solicitados en extradición y hallados culpables por el tribunal de Florida, los imputados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua, un mínimo de 10 años de prisión y multas de hasta USD$10,000,000.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha recibido formalmente ninguna solicitud de extradición. El procedimiento legal establece que la solicitud debe llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual la remite al despacho de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien a su vez la envía al Departamento de Extradición.

Dicho departamento solicitaría una orden de arresto ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual también fija la audiencia para conocer la medida de coerción, que podría ser prisión preventiva, presentación periódica o arresto domiciliario.

En la audiencia para conocer la solicitud de extradición, el Gobierno de EE. UU. suele estar representado por la abogada Analdis Alcántara, acompañada de un procurador del Departamento de Extradición, así como del abogado defensor del reclamado.