Especialistas plantean que seguridad ciudadana exige prevención, educación y fortalecimiento institucional

Santo Domingo. – La seguridad ciudadana en la República Dominicana no se fundamenta únicamente en la implementación de castigos más severos. Según especialistas, es crucial establecer un equilibrio entre el Estado de derecho, la educación, la prevención y la eficacia institucional. Esta perspectiva fue discutida durante el tercer panel del Foro Contra el Crimen y la Violencia, que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Un enfoque integral para la seguridad

El evento, patrocinado por el periódico Listín Diario y la academia estatal, reunió a juristas, representantes del sistema judicial y miembros de la Policía Nacional. Juntos, analizaron los principales desafíos que enfrenta la seguridad pública en el país.

Cuestionando el aumento de penas

El jurista Jhon Garrido subrayó que no existe evidencia científica que respalde la idea de que endurecer las penas reduzca la criminalidad. Recordó que reformas anteriores, como la Ley 24-97, incrementaron las sanciones sin lograr una disminución sostenida de los delitos.

Además, advirtió que el nuevo Código Penal de la República Dominicana, que entrará en vigor en agosto de 2026, mantiene una lógica punitiva al elevar las penas en delitos como asesinato, feminicidio, violencia de género y agresiones sexuales. Sin embargo, Garrido enfatizó que la experiencia internacional sugiere que la certeza de la sanción y la eficacia del sistema de persecución penal tienen un impacto preventivo más significativo que la severidad del castigo.

• Políticas centradas en rehabilitación
• Reinserción social
• Educación y empleo
• Generación de oportunidades

Preocupaciones sobre la prisión preventiva

El juez Raymundo Mejía también rechazó el aumento de penas como la principal respuesta al crimen, instando a priorizar la prevención. Alertó sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en el país, señalando que en 2025, aproximadamente el 64% de la población penitenciaria estaba privada de libertad de forma provisional.

Mejía indicó que la privación de libertad debe ser una medida excepcional, ya que su uso indiscriminado afecta la presunción de inocencia y genera costos económicos para el Estado en casos de absolución posterior. "La regla es la libertad. No puede ser la privación de libertad", expresó.

Seguridad y estado de derecho: un vínculo indispensable

El jurista José Miguel Vásquez argumentó que la seguridad ciudadana y el Estado de derecho no son conceptos opuestos, sino complementarios. Explicó que cuando el Estado incumple sus propias normas, pierde legitimidad ante la población y debilita su capacidad para resolver conflictos.

Vásquez también destacó que las reformas, incluidas las policiales, deben adaptarse a la realidad nacional y no copiar modelos extranjeros de manera automática. A su juicio, la educación es el eje central de cualquier transformación sostenible, aunque sus resultados puedan tardar en manifestarse.

Asimismo, vinculó parte de la violencia cotidiana a patrones culturales y conflictos menores que pueden escalar a situaciones graves.

Estadísticas sobre homicidios y delitos electrónicos

Desde una perspectiva operativa, el subdirector de la Dirección Central de Investigación, coronel Isaías Tamarez Santiago, presentó cifras que evidencian una reducción en la tasa de homicidios en la última década. "Hace 10 años, la tasa era de 27.7. Hoy en día, se sitúa en 7.7", indicó.

No obstante, advirtió que la violencia social sigue siendo una causa importante de homicidios, y muchos casos surgen de disputas personales. En cuanto a las personas desaparecidas, aseguró que la mayoría de los reportes corresponden a ausencias voluntarias asociadas a problemas familiares, económicos o personales.

Respecto al secuestro, afirmó que no representa una amenaza significativa en el país, salvo en conflictos relacionados con el entorno delictivo. Sin embargo, alertó sobre el crecimiento de los delitos electrónicos, que ya concentran una gran parte de las denuncias ciudadanas y exigen respuestas institucionales actualizadas.