Solo tres de 182 fallecidos en intervenciones policiales figuran en registro público de prófugos, según rastreo

Santo Domingo. – Un rastreo realizado por un medio de circulación nacional encontró que solo tres de las 182 personas registradas como fallecidas durante intervenciones policiales en 2026 aparecen también en la lista pública de prófugos de la Policía Nacional.

El análisis comparó 354 registros de personas buscadas, publicados por la institución entre 2022 y 2026, con un recuento de muertes ocurridas durante actuaciones policiales.

Las coincidencias corresponden a Jimmy, alias «el Haitiano», y Dilson Humberto Reynoso Cruz, registrados como prófugos en septiembre, y Ranller Encarnación Vicente, cuyo registro corresponde a mayo. Los tres murieron posteriormente a manos de agentes policiales.

El resultado plantea preguntas sobre la actualización y el alcance del registro público. Sin embargo, la ausencia de una persona en esa lista no permite establecer, por sí sola, que no tuviera una orden de arresto o antecedentes.

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, afirmó durante LA Agenda Semanal, el lunes 28 de septiembre, que la institución busca a personas reincidentes incluidas en sus sistemas y en los de la Procuraduría General de la República.

«Hay que buscarlos, no vamos a esperar que ellos salgan de nuevo […] a ocasionar daño a la población», expresó. También sostuvo que las personas fallecidas en los últimos días durante alegados enfrentamientos tenían más de dos registros policiales o judiciales.

Tener antecedentes, ser reincidente y figurar como prófugo son condiciones distintas, por lo que esas declaraciones no equivalen necesariamente a afirmar que todos los fallecidos estaban incluidos en la galería pública de personas buscadas.

La propia Policía reconoció al medio, el 15 de agosto, que personas fallecidas, apresadas o cuyos procesos judiciales han avanzado pueden continuar en la lista de prófugos.

Según la explicación ofrecida, la eliminación de un perfil no siempre ocurre de manera automática: las áreas responsables deben remitir la documentación correspondiente o solicitar formalmente su retiro.

Esta situación evidencia la necesidad de actualizar el registro y precisar su cobertura, tanto para evitar que permanezcan personas que ya no están prófugas como para determinar qué información ofrece sobre quienes son buscados por las autoridades.