Presidente Abinader promulga nueva Ley de Contrataciones Públicas que fortalece transparencia y control estatal

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader promulgó este lunes la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, una normativa que introduce reformas sustanciales en el sistema de compras y contrataciones del Estado dominicano, con el objetivo de garantizar mayor eficiencia, transparencia y control.

El acto de promulgación se llevó a cabo en la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), ubicada en la calle Pedro A. Lluberes del sector Gazcue, y estuvo encabezado por el mandatario y el director general de la entidad, Carlos Pimentel.

La ley fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 23 de julio y reemplaza un marco legal vigente desde hace casi dos décadas, que según las autoridades, ya no respondía a las demandas de un Estado moderno ni a las exigencias ciudadanas.

Un nuevo modelo de gestión pública

Durante el evento, el presidente Abinader calificó la nueva normativa como una herramienta clave para “garantizar que cada peso invertido por el Estado se traduzca en obras, servicios y oportunidades reales para los dominicanos y dominicanas”.

Afirmó que la nueva legislación forma parte de un esfuerzo integral por fortalecer la institucionalidad y prometió dotarla de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para su aplicación efectiva.

Pilares de la nueva ley

Por su parte, Carlos Pimentel destacó que la ley fue el resultado de un amplio proceso de consultas y que incorpora mecanismos sólidos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades en las contrataciones públicas.

“El nuevo marco legal redefine la gobernanza del sistema, refuerza los controles y promueve una cultura de integridad, competencia y propósito en cada contratación”, expresó Pimentel.

Entre los principales avances que establece la Ley 47-25 figuran:

• Redefinición del sistema de gobernanza, consolidando el rol del órgano rector (DGCP) y asignando responsabilidades claras a los demás actores del ecosistema.

• Planificación obligatoria como eje central del ciclo de contrataciones, vinculada al presupuesto nacional y a los objetivos de desarrollo.

• Creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, con interoperabilidad digital, trazabilidad en tiempo real y mecanismos de supervisión inteligente.

• Incorporación de nuevos procedimientos más flexibles y eficientes, como convenios marco, licitaciones abreviadas, compras innovadoras y mecanismos dinámicos de adquisición.

• Fortalecimiento del régimen de inhabilidades, impidiendo que empresas o individuos sancionados por corrupción vuelvan a contratar con el Estado.

• Inclusión y sostenibilidad, mediante medidas que favorecen a las Mipymes, mujeres proveedoras, actores locales y productos sostenibles.

• Uso de inteligencia de datos, con sistemas de alerta temprana, análisis de riesgo y supervisión preventiva basada en tecnología.

• Mayor participación ciudadana, mediante la formalización de canales de control social y veeduría.

• Profesionalización obligatoria del personal vinculado a las compras públicas, con énfasis en la legalidad, transparencia y capacidad técnica.

Implicaciones institucionales

La promulgación de esta ley representa uno de los pasos más relevantes en la agenda de reformas estructurales del Gobierno. Según autoridades y especialistas, se trata de un avance decisivo en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos, además de una apuesta por la eficiencia en la gestión estatal.