Santo Domingo. – El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, informó este domingo que la República Dominicana aún se encuentra en un proceso de análisis para determinar la posible reanudación de los vuelos comerciales hacia la República Bolivariana de Venezuela.

La aclaración responde a un reciente comunicado emitido por autoridades venezolanas, en el que se daba por hecho el restablecimiento de las operaciones aéreas entre ambos países.

Porcella precisó que, en territorio dominicano, aún no ha concluido el proceso oficial que permitiría validar esa decisión. Indicó que el gobierno dominicano, a través de la JAC, evaluará con responsabilidad y en estricto apego al interés nacional cualquier solicitud de reapertura de rutas aéreas.

“Hasta tanto se emita una decisión oficial, se mantienen suspendidas las operaciones aéreas entre ambos países”, expresó el funcionario.

Reiteró que cualquier determinación sobre este tema será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del Estado dominicano, garantizando la transparencia y el debido proceso institucional.

La suspensión de vuelos entre República Dominicana y Venezuela está vigente desde 2024, como parte de medidas adoptadas ante preocupaciones sobre la seguridad operacional y en atención a recomendaciones de organismos internacionales especializados en aviación civil.

Desde entonces, las autoridades dominicanas han asumido una postura prudente respecto a la reapertura de conexiones aéreas con Venezuela, considerando aspectos técnicos, diplomáticos y regulatorios antes de tomar una decisión definitiva.

El anuncio del lado venezolano generó confusión entre operadores aéreos, agencias de viajes y usuarios del transporte aéreo, lo que motivó a la JAC a emitir esta aclaración para despejar dudas y reiterar que, hasta la fecha, no se ha autorizado la reanudación de vuelos comerciales.

La JAC reafirmó su compromiso de salvaguardar la seguridad, la soberanía y los intereses del país, asegurando que cualquier paso en la dirección de restablecer vuelos internacionales será asumido con la debida seriedad, respaldo técnico y transparencia institucional.

Santo Domingo. – El Gobierno de la República Dominicana inició la entrega del Bono de Emergencia, destinado a las familias sobrevivientes de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

Este apoyo económico, ascendente a 30 mil pesos mensuales por seis meses, forma parte del plan de asistencia integral dispuesto por el Estado tras el colapso del techo del centro de diversión, ocurrido el pasado 8 de abril, que provocó 237 muertes y un impacto significativo en decenas de hogares.

La entrega del bono se realiza tras el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), ejecutado por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), en coordinación con equipos de intervención social y psicológica de Supérate, el Ministerio de Salud Pública, Conani y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

205 familias han solicitado el beneficio

La medida se ejecuta a través del programa Supérate, con el acompañamiento de la Comisión Interinstitucional de Intervención Sociofamiliar.

Gloria Reyes, directora general de Supérate, reiteró que desde el primer momento la respuesta del Estado ha sido integral, empática y oportuna. “Este protocolo tiene como objetivo principal proteger la dignidad y los derechos humanos de las personas afectadas por esta tragedia”, recordó.

Reyes subrayó que este bono no representa solo un alivio económico, sino también un símbolo del compromiso gubernamental con el bienestar de los afectados, especialmente de los 174 niños, niñas y adolescentes que quedaron en situación de orfandad, total o parcial.

Hasta la fecha, 205 familias han solicitado el Bono de Emergencia y están siendo debidamente asistidas. El proceso de entrega continuará en los próximos días, garantizando que cada hogar reciba el apoyo correspondiente durante seis meses, a partir del primer depósito.

Canales de contacto

En una nota de prensa, el Gobierno reiteró su solidaridad con las víctimas y afirmó que continuará desplegando acciones coordinadas para ofrecer acompañamiento emocional, legal y económico a los sobrevivientes.

Las personas afectadas o familiares directos de las víctimas pueden comunicarse a los teléfonos 829-870-2276 y 928-891-2372 para recibir información sobre el bono y otros mecanismos de apoyo disponibles.

Santo Domingo. – Fue aplazada para el próximo miércoles 18 de junio, a las 11:00 de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, imputados por el colapso del techo del establecimiento, ocurrido el pasado 8 de abril y que dejó 235 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La audiencia fue pospuesta a solicitud de los abogados defensores, quienes pidieron más tiempo para estudiar el expediente y preparar su estrategia jurídica frente a la acusación presentada por el Ministerio Público.

El órgano acusador les imputa los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, y ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat, así como arresto domiciliario para Maribel, quien resultó lesionada durante el incidente. Según el expediente, la empresaria sufrió una profunda herida en la cabeza que requirió 12 puntos de sutura, y parte de su oreja tuvo que ser restaurada quirúrgicamente.

Argumentos de la acusación

El Ministerio Público ha presentado 133 pruebas para sustentar las imputaciones, entre ellas testimonios, peritajes, documentos y materiales. Según las autoridades, la discoteca Jet Set operaba en un local originalmente diseñado como cine, que fue modificado sin supervisión técnica ni permisos legales, incluyendo la eliminación de una columna clave para la estructura del techo.

Los fiscales alegan que los imputados sobrecargaron el techo de forma progresiva con elementos de gran peso, lo que provocó el colapso.

Además, sostienen que la tragedia fue totalmente evitable y que los responsables “valoraron el dinero por encima de la vida humana”, al operar sin cumplir con los requisitos técnicos y legales.

También se denunció que los imputados habrían intimidado a testigos para impedir que colaboraran con la investigación.

“Una tragedia evitable”

Al salir del tribunal, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reiteró la gravedad del caso:

“Este caso dejó 235 personas fallecidas, más de 180 heridas y más de 130 niños huérfanos. Niños que, antes del 8 de abril, posiblemente tenían su vida asegurada y ahora enfrentan un futuro incierto”, afirmó.