Policías protegían red de trata en SDE a cambio de sobornos según acusación

Santo Domingo Este, Rep. Dom. – A cambio de sobornos semanales descontados directamente del dinero que generaban las víctimas, miembros de la Policía Nacional supuestamente garantizaban protección y libertad de operación a una red criminal dedicada a la trata de personas y explotación sexual en Santo Domingo Este.

Así lo revela la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público ante la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción, en la que detalla que los agentes policiales involucrados también se comprometían a alertar a los imputados en caso de detectar investigaciones por parte de otras autoridades.

La red mantenía retenidas a más de 40 mujeres extranjeras, en su mayoría colombianas, quienes eran forzadas a ofrecer servicios sexuales bajo amenazas constantes, algunas de ellas con lesiones físicas evidentes. La explotación se promocionaba a través de páginas web, según el expediente judicial.

Durante su cautiverio, las mujeres debían generar ingresos suficientes para cubrir los sobornos exigidos por agentes policiales, con pagos que oscilaban entre 1,000 y 10,000 pesos por persona.

El documento no especifica los nombres de los policías involucrados ni indica que alguno haya sido formalmente sometido a la justicia, pero solicita declarar el caso como complejo debido a la estructura de delincuencia organizada que lo caracteriza.

Imputados y medida solicitada

El órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva para ocho personas vinculadas a la red:

• Los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias Johan el Gordo), su hijo Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo).

• Las colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (Nana, Naye o la Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).

La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada para el viernes 27 de junio, a las 2:00 de la tarde.

Captación, control y traslado

De acuerdo con la investigación, las víctimas eran contactadas a través de redes sociales por miembros del grupo criminal, que se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad: desempleo, pobreza extrema o familiares enfermos.

Una vez en el país, las mujeres eran retenidas en varios inmuebles ubicados en la calle Costa Rica del sector Alma Rosa, la Respaldo 25 del ensanche Ozama, el Residencial Hanna (calle Padre Paules) y en la calle Puerto Rico No. 99, también en Alma Rosa.

Los jueves eran trasladadas a la discoteca Lekker, ubicada en la calle Gilberto Montás de San Cristóbal, donde eran ofrecidas a posibles clientes.

Los pasaportes les eran confiscados y se les imponía el pago de una supuesta deuda que oscilaba entre 3,000 y 4,000 dólares. Además, eran amenazadas con represalias contra sus familiares en Colombia.

El Ministerio Público continúa con las indagatorias para identificar a todos los implicados, incluyendo los agentes policiales que habrían facilitado la operación de esta red delictiva.