Operación Antipulpo: Tribunal aprueba acuerdo por más de RD$ 3,000 millones entre Montilla y el Estado

Santo Domingo. – El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, homologó un acuerdo de criterio de oportunidad mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$ 2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

El acuerdo, presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se enmarca en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo. La presentación estuvo a cargo de Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y de Mirna Ortiz, de la Pepca.

Indemnizaciones y disolución de empresas

Como parte del acuerdo, Montilla deberá pagar una indemnización de RD$ 600 millones a las distribuidoras EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los daños ocasionados.

También está obligado a disolver, en un plazo de dos años, las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.; Electrocable Aluconsa, S.A.S.; NSD Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globales, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL; y MG Solomon Corporation.

Adicionalmente, Montilla deberá pagar a la DGII la suma de RD$ 431,816,307.90 y autorizar el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza casi esquina Ortega y Gasset, Ensanche Naco, valorado en RD$ 50,901,692.13.

Las distribuidoras estuvieron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE). En tanto, Montilla fue asistido legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.

Fraude en contrataciones públicas

El Ministerio Público sostiene que Montilla, investigado junto a Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, utilizó sus empresas como vehículos societarios para participar en contrataciones públicas de manera fraudulenta, logrando adjudicaciones ilícitas en el sector eléctrico mediante sobornos, manipulación de plazos de entrega, monopolio de proveedores e información privilegiada.

Según el expediente, Montilla incrementó de forma significativa sus contrataciones públicas gracias a su cercanía con el poder político y a la participación de miembros de su entorno familiar, lo que impactó negativamente en la eficiencia de las empresas eléctricas y en el patrimonio público.

Base legal del acuerdo

El Ministerio Público sustentó la homologación en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite aplicar el criterio de oportunidad cuando el imputado colabora eficazmente con la investigación, evita la continuación de la actividad delictiva o contribuye al esclarecimiento de los hechos.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha defendido este mecanismo como una herramienta clave en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad.