Nuevas sanciones agentes que impidan grabaciones

Santo Domingo.– La comisión especial de la Cámara de Diputados presentó este miércoles, durante una sesión extraordinaria, el informe que contiene las modificaciones propuestas para la reforma del Código Penal de la República Dominicana.

El documento, consensuado con la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría Pública y otros estamentos del Estado, deberá ser aprobado en segunda lectura por los diputados antes de pasar al Senado de la República. En caso de recibir el visto bueno en una única lectura en la cámara alta, la decisión final quedaría a cargo del Poder Ejecutivo para su promulgación.

Aunque el informe aún no ha sido acogido formalmente, la mayoría de los legisladores de la cámara baja apoyan la inclusión de nuevos párrafos en un artículo que busca sancionar a los agentes de la Policía Nacional o de los cuerpos castrenses que impidan a los ciudadanos grabar sus intervenciones.

Derecho a grabar intervenciones policiales

El artículo 286 establecería que ningún agente policial o militar puede impedir la grabación o filmación de un "arresto, registro o allanamiento" practicado en su contra o contra un tercero. La disposición contempla sanciones de quince días a un año de prisión menor y multas de una a dos veces el salario percibido por el infractor al momento del hecho.

Sin embargo, el texto aclara que la norma no aplicará cuando la grabación interfiera con la labor del agente o ponga en riesgo su integridad física. Además, estipula que cualquier publicación del material audiovisual requerirá el consentimiento de la persona intervenida.

Revisión injustificada de vehículos

Los diputados también acordaron incorporar un artículo que prohíbe la revisión injustificada de vehículos de motor. Según la propuesta, cualquier agente policial, militar o funcionario encargado de hacer cumplir la ley que ordene o ejecute la revisión sin autorización legal o sin causa probable de infracción penal será sancionado con penas de quince días a un año de prisión menor y multas de uno a dos salarios mínimos del sector público.

En caso de uso de fuerza injustificada, daño al vehículo, intimidación o lesiones personales, la pena se incrementaría a uno o dos años de prisión y la multa ascendería de tres a seis salarios mínimos.

El documento fue firmado por los representantes de las principales bancadas políticas de la cámara baja: Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Más modificaciones al proyecto

El informe incluye además nuevas figuras penales como la acumulación de penas; terrorismo; sicariato; genocidio; infracciones graves de guerra y de lesa humanidad; desaparición forzada; feminicidio en sus diferentes modalidades; inducción y cooperación al suicidio; uso de sustancias químicas (ácido del diablo); trato cruel, inhumano o degradante; robo de identidad y su modalidad agravada; perturbación telefónica; difusión no consentida de audios e imágenes; divulgación de información secreta; uso indebido de datos personales; estudios genéticos sin autorización; manipulación ilícita de genes; fecundación y reproducción asistida no consentida; y actividad sexual no consentida.

Asimismo, se contemplan sanciones por participación de grupos en infracciones graves de guerra; negligencia en el control de subordinados; atentado imprudente contra la vida; bullying y bullying agravado; operaciones comerciales con niños y adolescentes; y responsabilidades de personas jurídicas por causar incapacidades superiores a 60 días, entre otras conductas.