Ministerio Público inicia acciones legales contra propietarios de Jet Set tras colapso que dejó 236 muertos

Santo Domingo. – Dos meses y cinco días después del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido durante una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, y que causó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos, el Ministerio Público inició este jueves acciones legales contra los responsables del establecimiento.

El proceso comenzó con el arresto de Antonio Espaillat, propietario del centro de diversión, y su hermana Maribel Espaillat, quien fungía como administradora. Ambos se presentaron alrededor de las 2:00 p.m. ante el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, luego de ser citados por el Ministerio Público.

Horas más tarde, la Procuraduría General de la República confirmó que investiga a los hermanos por el delito de homicidio involuntario, al considerar que incurrieron en “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no realizar las intervenciones necesarias para evitar el colapso del techo.

El expediente indica también que los imputados habrían intentado intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., responsable de la administración del Jet Set Club, quienes podrían ser testigos clave en el proceso judicial.

Medidas de coerción y traslado

Antonio Espaillat fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se espera que en las próximas horas se conozcan las medidas de coerción ante un juez de atención permanente del Distrito Nacional.

La defensa del empresario, encabezada por el abogado Miguel Valerio, afirmó que no aceptará prisión preventiva como medida cautelar. “Mi cliente no representa peligro de fuga. Se presentó voluntariamente y permanece en el país. La investigación está casi agotada, y ahora corresponde analizar las pruebas”, declaró Valerio.

Declaraciones clave

El interrogatorio a los hermanos Espaillat se produjo un día después de que Gregory Adames, empleado del Jet Set, declarara que advirtió con antelación a Antonio Espaillat que no debía celebrarse la fiesta del 8 de abril debido al deterioro estructural del techo. En dicha actividad murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público accedió al celular de Adames, desde donde extrajo conversaciones que sostuvo con el propietario de la discoteca. Al respecto, Valerio señaló que su equipo legal está preparado para responder a las acusaciones.

Informe técnico y acciones legales

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) ya entregó el informe técnico a la Procuraduría, explicando las causas del desplome. El documento, de más de 50 páginas, está siendo evaluado por las autoridades judiciales.

Hasta el momento, se han interpuesto al menos 68 acciones legales contra los propietarios del Jet Set, incluyendo querellas y denuncias por homicidio involuntario y negligencia. Algunas también involucran al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional, por presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de supervisión y seguridad de establecimientos comerciales.

Entre los elementos investigados se encuentran posibles fallas estructurales y la presencia de equipo pesado en el techo como factores que habrían contribuido al colapso.

La tragedia

La madrugada del 8 de abril de 2025, la discoteca Jet Set fue escenario de una de las mayores tragedias registradas en la historia reciente del país. Mientras se desarrollaba una fiesta con el merenguero Rubby Pérez, parte del techo del establecimiento colapsó repentinamente, sepultando a cientos de personas bajo los escombros.

El incidente ocurrió en una de las noches de mayor concurrencia, generando escenas de caos, gritos de auxilio y desesperación entre los asistentes y los equipos de rescate.

Este jueves 12 de junio, Jennifer Tavera, última persona ingresada por lesiones derivadas del colapso, fue dada de alta médica luego de permanecer internada por 65 días consecutivos en el Hospital Salvador B. Gautier.