Ministerio Público impone medidas cautelares a bienes vinculados a propietario del Jet Set

Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República (PGR) ha tomado medidas preventivas luego de recibir informaciones que apuntan a que el empresario Antonio Espaillat López, propietario de la discoteca Jet Set, estaría realizando acciones para transferir bienes a su nombre, lo que ha sido interpretado como una posible maniobra para evitar futuras responsabilidades civiles ante las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril.

La Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezada por Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias diligencias procesales que abarcan a las empresas Inversiones E & L SRL, Jet Set Club, así como otras propiedades vinculadas a Espaillat. Las medidas buscan preservar los derechos de las más de 232 personas fallecidas y más de 180 heridas, producto del colapso del techo del emblemático centro de espectáculos ubicado en Santo Domingo.

Oposición a traspasos y uso de mecanismos legales

Como parte de estas acciones, se han interpuesto oposiciones a traspasos de bienes que estaban en curso. Según una fuente vinculada a la investigación, el Ministerio Público ha gestionado también impedimentos cautelares a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas relacionadas con Espaillat.

Estas acciones se sustentan en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, aunque las autoridades aclararon que Espaillat no está siendo investigado por ese delito, sino que dicha legislación permite bloquear transacciones mientras se desarrolla el proceso judicial, garantizando así que los bienes permanezcan disponibles para posibles responsabilidades civiles.

Investigación sobre condiciones y documentación

La investigación se centra en las sociedades comerciales directamente vinculadas al empresario, en particular en la que operaba la discoteca Jet Set. El Ministerio Público también ha iniciado la revisión de:

• Documentación corporativa

• Licencias comerciales

• Pólizas de seguro

• Condiciones estructurales del local

• Cumplimiento de normativas regulatorias

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y ha expresado su voluntad de cooperar con las autoridades, el proceso continúa en curso.

Fundamento legal

La Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), en su artículo 169, establece que este órgano es responsable de la formulación de políticas contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en nombre de la sociedad. Además, está llamado a garantizar derechos fundamentales, proteger a las víctimas y testigos, y defender el interés público.

El artículo 170 de la misma ley reitera que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y que sus actuaciones deben regirse por los principios de legalidad, jerarquía, unidad, individualidad y responsabilidad.