Mi ventana óptica – El resabio del poder Por Alejandro Almánzar

Abinader, se ilegítima y descalifica cada vez más, desconociendo que la democracia no se mide por celebrar elecciones viciadas, sino que se sostiene sobre pilares como la libertad de expresión, derecho a la crítica, la fiscalización ciudadana y donde la gente denuncie sin temor, pues cuando el gobierno recela de voces críticas y promueve “mecanismos legales” para controlar opiniones incómodas eso es dictadura.

Las redes sociales son el escenario de denuncias públicas, pero a la vez, el cuco de un mandatario intolerante. Lo que antes permanecía oculto por la burócrata prensa tradicional, hoy es expuesto por cualquier ciudadano con un teléfono móvil. Contratos sospechosos, privilegios de funcionarios, conflictos de interés y la corrupción encuentran de frente a plataformas digitales que escapan al control de los poderes tradicionales y ahí radica el problema para quienes se acostumbraron a la impunidad allí.

Desde el principio, Abinader ha impulsado legislaciones para regular los medios digitales; según él, “quiere modernizar el marco jurídico para combatir la desinformación y garantizar derechos en el entorno digital”. Sin embargo, venimos advirtiendo que sólo busca restringir la libertad de expresión para controlar los contenidos en la internet.

Los gobiernos rara vez admiten abiertamente sus tentaciones autoritarias, nunca anuncian que pretenden censurar, por el contrario, eso llega “envueltos en conceptos nobles, seguridad nacional, estabilidad institucional, combate a noticias falsas o protección al honor”. Eso hicieron regímenes a lo largo del siglo XX, Trujillo por ejemplo.

Comprendió que dominar la información era tan importante como controlar las armas. La censura, la persecución de opositores y el silenciamiento de las críticas fueron herramientas esenciales para consolidar su poderío y, aunque parezca imposible volver al pasado, sería erróneo ignorar las señales que aparecen cuando desde el poder se percibe la crítica ciudadana como amenaza, en lugar de componente natural de la democracia.

La diferencia entre un gobierno democrático y el dictatorial no radica en cómo trata a quienes lo adulan, sino cómo responde a quienes le cuestionan y el Código Penal de Abinader es otra muestra. Intenta impedir la denuncia de funcionarios corruptos de su gobierno, una inequívoca señal de repudio a las libertades ciudadanas.

Cuando intimidar o desacreditar al denunciante sea la norma, el problema del gobernante no es la corrupción, sino quien la denuncie. Las redes sociales han democratizado la información de manera insospechable. Redujeron el monopolio informativo de grandes medios y quitaron protagonismo a mercenarios del periodismo que gravitaron por décadas chantajeando y asociándose a la corrupción.

La ciudadanía participa del debate público incomodando a sectores del poder político y económico. Mientras las democracias maduras entienden que la crítica es incómoda, pero necesaria, los gobiernos débiles suelen buscar mecanismos para "disciplinar" el discurso público. La pregunta no es si las redes cometen excesos, sin duda, los cometen, pero la incógnita es, si el remedio propuesto puede resultar más peligroso que la enfermedad.

Porque cuando las críticas incomodan al poder, denunciar es un riesgo donde el miedo sustituye el debate libre. Recordemos, las libertades no desaparecen de golpe, es poco a poco, ley tras ley, restricción tras restricción, hasta que un día despertamos sabiendo que ya no podemos decir lo que antes considerábamos un derecho y cuando la prensa se hace cómplice, vamos directo al totalitarismo, pues históricamente ha sido definida como el "cuarto poder", no porque gobierne, sino porque vigila a quienes gobiernan, fiscaliza, cuestiona y expone los excesos de los poderes políticos, económicos y sociales, sin importar los resabios del poder que se resiste a ser fiscalizado.

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