Más de 3,200 servidores municipales violaron ley al no presentar declaración jurada, según la Cámara de Cuentas

Santo Domingo. – Ni la Constitución, ni la Ley 311-14, ni las múltiples resoluciones y circulares fueron suficientes. Para que cientos de funcionarios municipales cumplieran con la obligación legal de presentar su declaración jurada de patrimonio, fue necesario que la Cámara de Cuentas remitiera un expediente completo a la Procuraduría General de la República.

Solo entonces, con el "cuco" de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) rondando, varios funcionarios comenzaron a regularizar su situación… 16 meses después de haber asumido o dejado el cargo.

El informe, remitido el pasado 25 de abril de 2025 por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, a la procuradora Yeni Berenice Reynoso, detalla que 1,591 funcionarios electos o reelectos y 1,644 salientes no presentaron su declaración en el plazo que establece la ley.

La misiva advertía además que podría haber más casos de incumplimiento, ya que “no se ha obtenido información de otros funcionarios en situación similar”.

Operativo con sabor a presión

Antes de ese informe, solo 19 funcionarios municipales habían presentado su declaración de forma extemporánea desde noviembre del año pasado. La cifra incluía tres alcaldes, dos vicealcaldes, seis regidores, un director municipal y siete vocales. El número palidece frente a los más de 1,500 que permanecían en falta.

En este contexto, sorprendió que el pasado 17 de junio la Cámara de Cuentas celebrara un “exitoso operativo de presentación de declaraciones juradas”, destacando una “masiva” asistencia. Lo que la nota institucional no detalló es que muchos de esos funcionarios acudieron luego de que se hiciera pública la remisión del expediente a la Pepca.

Un año o más de atraso

Según la Ley 311-14 y la Ley de Función Pública 41-08, los funcionarios electos deben presentar su declaración dentro de los primeros 30 días tras asumir el cargo; los salientes, en los 30 días posteriores al cese. Ambas leyes consideran el incumplimiento una falta grave.

Sin embargo, al corte de abril, el incumplimiento era masivo:

• 47 de los 158 alcaldes y 75 de los 158 vicealcaldes estaban omisos.

• 572 de los 1,164 regidores no habían declarado.

• En distritos municipales, 137 de los 235 directores, los 235 subdirectores y 525 de los 735 vocales seguían en falta.

Peor aún, entre los salientes:

• 83 alcaldes no entregaron su declaración final.

• Tampoco lo hicieron 124 vicealcaldes, 769 regidores, 129 directores municipales ni 539 vocales.

En el Congreso, más de lo mismo

La falta también alcanzó el nivel congresual. Unos 36 diputados electos no depositaron su declaración jurada a tiempo, pese a la amenaza de no recibir salario, advertida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

De estos, 21 pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM), seis a la Fuerza del Pueblo (FP), cinco al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el resto a otras organizaciones o sin afiliación conocida.

¿Para qué sirve la ley?

A pesar de la gravedad del incumplimiento, no se ha informado de sanciones efectivas, suspensiones o inhabilitaciones contra los funcionarios en falta. Tampoco los partidos políticos han asumido una postura crítica frente a sus miembros.

La Ley 311-14 sigue siendo, en la práctica, una norma ignorada de forma sistemática. Y cuando el órgano encargado de fiscalizar opta por organizar operativos de "motivación" 10 meses después, queda abierta la pregunta: ¿de qué sirve una ley que no se hace cumplir, ni siquiera por quienes deben hacerla cumplir?

La respuesta parece estar en los hechos: cuando la amenaza se vuelve real, algunos corren. No por convicción, sino por miedo a terminar en un expediente penal.