Gobierno dominicano responde a la CIDH sobre migración

Santo Domingo. – El Gobierno dominicano ha emitido una declaración oficial en respuesta al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el 6 de febrero de 2026, en el que se cuestionan las políticas migratorias del país. En este contexto, el gobierno reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de su marco legal interno.

El Estado dominicano sostiene que el fenómeno migratorio debe ser evaluado desde una perspectiva regional. Este análisis es crucial, especialmente considerando la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que enfrenta Haití, la cual ha provocado un flujo migratorio sostenido hacia la República Dominicana. En este sentido, el gobierno recuerda que el país ha asumido, durante décadas, una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras.

Compromiso con los derechos humanos y la soberanía

En su declaración, el gobierno enfatiza que, en ejercicio de su soberanía, tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio. Esto se realiza conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Esta facultad ha sido reconocida repetidamente por el sistema interamericano como un atributo esencial de la soberanía estatal.

Medidas migratorias adoptadas

El comunicado oficial subraya que las medidas migratorias implementadas buscan gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario. Esto es fundamental para evitar impactos negativos en la cohesión social y en el gasto de los servicios públicos. El gobierno afirma:

“Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo.”

En relación con el principio de no devolución, el Gobierno dominicano rechaza su aplicación de manera general. Considera que tal interpretación implicaría aceptar el ingreso irrestricto de cualquier ciudadano haitiano que intente entrar al país de forma irregular. En este sentido, el gobierno concluye:

“Rechazamos el llamado de la Comisión a la aplicación del principio de no devolución de manera general, pues ello equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar a todo ciudadano haitiano que desee ingresar, aun de manera irregular, a nuestro territorio.”

El Gobierno dominicano reafirma su postura en defensa de sus políticas migratorias, subrayando la importancia de gestionar el fenómeno migratorio de manera responsable y en concordancia con su marco legal. Este compromiso no solo busca proteger los derechos humanos, sino también asegurar la estabilidad y cohesión social en el país.