Gobierno contrata asesoría internacional por más de RD$102 millones para mejorar imagen ante EE. UU. y abordar crisis haitiana

Santo Domingo, Rep. Dom. – El Gobierno dominicano contrató, mediante la modalidad de excepción, a la firma norteamericana DGA Group Government Relations LLC por un monto de RD$102,923,175 para ofrecer servicios de asesoría técnica y planificación estratégica en derechos humanos, seguridad, política migratoria, tráfico de personas y narcotráfico.

La contratación fue gestionada por el Ministerio de la Presidencia, y tendrá una duración de 12 meses, con el objetivo de fortalecer la imagen del país a nivel internacional, en particular ante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, y mejorar las relaciones bilaterales en un contexto de tensiones derivadas de la crisis haitiana.

Contratación sin competencia

Según los documentos oficiales, no se presentaron otros oferentes en el proceso. La adjudicación fue sustentada en el nivel de especialización de la empresa y su experiencia en asuntos internacionales sensibles. El contrato fue solicitado el 15 de abril por el ministro José Ignacio Paliza y firmado el pasado 20 de junio.

El informe de adjudicación destaca que los servicios contratados implican el manejo de información altamente confidencial, por lo que se requería un proveedor “de confianza y con probada trayectoria”.

La base jurídica para la contratación se ampara en el artículo 6 de la Ley 340-06, que permite las excepciones cuando se trata de obras científicas o técnicas que solo una entidad puede ejecutar.

Objetivos clave de la consultoría

La propuesta de la DGA Group se enfoca en cinco ejes estratégicos:

1. Fortalecer la relación bilateral con el Gobierno de Trump y sectores clave en EE. UU.

2. Supervisar tareas pendientes en el combate al tráfico de personas, conforme a los compromisos asumidos con el Departamento de Estado.

3. Implementar una política de comunicación internacional ante medios que cubren la situación dominico-haitiana.

4. Movilizar apoyo internacional frente a la crisis haitiana.

5. Asesorar a las fuerzas del orden en el cumplimiento de la Enmienda Leahy para evitar sanciones estadounidenses por violaciones a los derechos humanos.

La empresa advierte que República Dominicana permanece en la Lista de Observación Categoría 2 de la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata (TVPA), y que una degradación a Categoría 3 podría implicar sanciones económicas y pérdida de apoyo internacional.

Crisis migratoria y estrategia mediática

La contratación ocurre en un momento en que el país ha sido criticado por organismos internacionales debido a las repatriaciones masivas de haitianos, especialmente mujeres embarazadas y lactantes, así como por los protocolos hospitalarios de identificación de extranjeros.

Como parte de su estrategia, la firma DGA se encargará de analizar la cobertura mediática internacional antes de emitir respuestas oficiales. Asimismo, proporcionará al Estado dominicano materiales y líneas discursivas para declaraciones públicas o comentarios en segundo plano, con el fin de proyectar una imagen alineada a los intereses nacionales y minimizar riesgos reputacionales.

Perfil de la empresa

DGA Group es una firma global especializada en relaciones gubernamentales, inteligencia geopolítica, diplomacia comercial y gestión de crisis. Tiene sedes en Washington D.C., Nueva York, Beijing, Shanghái y Dubái.

Entre sus principales ejecutivos figuran:

• José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de Human Rights Watch, con más de 30 años en defensa de los derechos humanos.

• Andrés García, experto en manejo de crisis, con experiencia en situaciones complejas a nivel gubernamental.

• Jorge Guajardo, exembajador de México en China y consultor en relaciones internacionales.

• Martín Rodríguez Rodríguez, asociado senior en políticas regulatorias y relaciones internacionales, graduado de Harvard.

Asesoría en seguridad

En el área de seguridad, la firma brindará acompañamiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en el cumplimiento de los estándares exigidos por la Enmienda Leahy, que prohíbe al Gobierno estadounidense colaborar con instituciones implicadas en violaciones de derechos humanos.

La meta es evitar restricciones en la cooperación bilateral en materia de seguridad y financiamiento militar, en momentos en que el país busca ampliar su acceso a fondos para combatir el narcotráfico y fortalecer el control fronterizo.