Fideicomisos y APP: avances y desafíos en la gestión pública

Santo Domingo. — Durante los seis años de gestión del presidente Luis Abinader, se ha promovido la creación de más de 10 gabinetes, así como el uso de fideicomisos y alianzas público-privadas (APP) como mecanismos para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, los resultados han mostrado contrastes significativos.

Resultados de las APP: avances limitados

Las APP han registrado escasos avances, con solo un proyecto concretado de un total de 26 iniciativas, mientras que varios otros permanecen estancados. En contraste, los fideicomisos han ganado protagonismo en la administración de recursos públicos, aunque han surgido cuestionamientos sobre sus niveles de control y transparencia.

Marco legal de las APP

El impulso formal de las APP en la República Dominicana comenzó en 2020 con la promulgación de la Ley 47-20, durante el gobierno del entonces presidente Danilo Medina. Esta ley estableció las reglas para estas alianzas, fijando contratos con una duración mínima de cinco y máxima de 40 años, y creó la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) como órgano rector.

Desde 2020 hasta 2024, se presentaron 26 proyectos ante la DGAPP, de los cuales 25 fueron entre 2020 y 2023, y uno en 2024. De estos, 21 pertenecen al sector privado y cinco al sector público. El mayor interés se ha concentrado en:

• Infraestructura y movilidad urbana: 10 propuestas
• Energía: 4 propuestas
• Salud: 3 propuestas

No obstante, el único proyecto que ha logrado concretar un acuerdo es el de Puerto Duarte, en Arroyo Barril, Samaná, con una inversión estimada de 90 millones de dólares a 33 años para desarrollar una terminal de cruceros. Otros proyectos, como la inspección técnica vehicular (80 millones de dólares a 15 años) y la autopista del Ámbar (395 millones de dólares a 40 años), han sido declarados de interés público, pero no han mostrado avances significativos desde su anuncio en 2020.

Ante esta situación, el empresario Manuel Estrella calificó las APP como un “fracaso”, lo que ha llevado al Gobierno a replantear el marco legal para atraer mayor inversión privada. El director de la DGAPP, Andrés Lugo Risk, ha indicado que, aunque la Ley 47-20 representó un avance importante, su complejidad limita su aplicación, por lo que se busca reducir los tiempos de estructuración y adjudicación.

El consultor Carlos Bonelly Ginebra también ha señalado que, además de ajustes legales, es crucial fortalecer la calidad de los proyectos y establecer mecanismos que agilicen los procesos sin comprometer la transparencia.

Fideicomisos: expansión y debate sobre transparencia

El fideicomiso, introducido mediante la Ley 189-11, ha sido utilizado como herramienta para la gestión de recursos públicos y el desarrollo de proyectos, especialmente en el ámbito inmobiliario. Desde 2013, la Fiduciaria Reservas ha administrado más de 1,200 fideicomisos, cerca del 50% de los cuales están vinculados al sector vivienda.

Entre los fideicomisos más relevantes se encuentran:

• RD Vial: Recaudó 12,368 millones de pesos en peajes en 2025.
• Ciudad Juan Bosch: Ha permitido la construcción de más de 15,000 viviendas de bajo costo.

Durante la actual gestión, también se han impulsado iniciativas como el fideicomiso Pro Pedernales, orientado al desarrollo turístico, y el de Punta Catalina, que en 2025 transfirió al Estado 258.4 millones de dólares.

En 2023, se promulgó la Ley 28-23 sobre Fideicomiso Público, con el objetivo de fortalecer la transparencia en el manejo de bienes estatales. En el ámbito del transporte, se crearon los fideicomisos Fitram, para el desarrollo del sistema de transporte masivo, y Fimovit, enfocado en la gestión tecnológica y de pagos del transporte público.

No obstante, especialistas advierten que, cuando implican compromisos a largo plazo o recursos públicos, los fideicomisos deberían someterse a los mismos estándares de evaluación, control y transparencia que las APP.

Gabinetes: coordinación y resultados mixtos

Desde 2020, el presidente Abinader ha creado múltiples gabinetes sectoriales mediante el Decreto 498-20, incluyendo los de Economía, Salud, Educación, Turismo, Agua, Construcción y Electricidad, entre otros, con el objetivo de coordinar políticas públicas.

Algunos de estos gabinetes han mostrado resultados relevantes, como el Gabinete de Salud, que lideró la respuesta a la pandemia del COVID-19, y el Gabinete de Turismo, que contribuyó a la rápida recuperación del sector. Sin embargo, la proliferación de estas instancias ha generado cuestionamientos sobre su efectividad, al considerar que podrían duplicar funciones, concentrar decisiones y aumentar la burocracia sin una rendición de cuentas clara.

Entre otros, el Gabinete del Agua ha trabajado en el “Pacto dominicano por el agua 2021-2036”, mientras que el Gabinete Eléctrico lidera la reforma del sector 2021-2030. Por su parte, el Gabinete de Transporte impulsa el plan “RD se mueve” para reorganizar el tránsito en el Distrito Nacional.