Estado dominicano se constituye en actor civil contra Hugo Beras y otros por fraude en contrato de semáforos

Santo Domingo. – El Estado dominicano se ha constituido en actor civil contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José “Jochi” Gómez-Canaán —propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix— y otros implicados, por su presunta participación en un esquema de fraude en perjuicio del erario.

La querella, relacionada con el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, fue presentada por el equipo de abogados del Estado ante el Ministerio Público y depositada ante la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien tiene a su cargo el control judicial del proceso investigativo encabezado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El documento legal fue interpuesto por los juristas Fernando P. Henríquez, Manuel Conde Cabrera, Edison Joel Peña y José Alberto Ortiz Beltrán, en representación del Estado dominicano y del Intrant, bajo el amparo del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.

Implicados en la querella

Además de Beras y Gómez-Canaán, la acción civil incluye a Frank Díaz Warden, quien fungía como coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia; Carlos José Peguero Vargas; así como a las empresas Transcore Latam, S.R.L., Aurix, S.A.S., e Inprosol S.R.L.

Los abogados del Estado no han especificado aún el monto de indemnización que reclamarán por los daños y perjuicios causados, pero han solicitado que se admita la constitución en actor civil contra los encartados y se reservan el derecho de ampliar las querellas en caso de que surjan nuevas personas físicas o jurídicas involucradas, tanto nacionales como extranjeras.

Delitos imputados y base legal

A los imputados se les atribuye formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, supuestamente implicada en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.

Estos actos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República, que prohíbe expresamente la corrupción. También se sustentan en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.

Asimismo, el expediente contempla la aplicación de leyes especiales, tales como:

• Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología

• Ley 17-19, sobre Erradicación del Comercio Ilícito y el Contrabando

• Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

• Ley 267-08, sobre Prevención y Sanción del Terrorismo

El Ministerio Público continúa las investigaciones y no descarta que surjan nuevas imputaciones conforme avance el proceso.