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Opinion

El discurso presidencial y el dilema entre la palabra y la acción.

1. Reconoce el problema.  El señor presidente de la República, Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona sorprendió al país el domingo pasado al pronunciar un discurso en el que aborda la problemática del derramamiento masivo de población haitiana provocado por el fenómeno de expulsión generado por el universo de crisis que impacta esa nación.  La pieza oratoria tuvo la pretensión de plantear una agenda gubernamental a ser emprendida con el objeto de procurar acciones que por lo menos mitiguen el peligroso impacto del problema en diversos aspectos de interés nacional, me propongo abordarlos en el mismo orden en que fueron planteados a fin de hacer un ejercicio crítico y constructivo del mismo, que comienza positivamente al reconocer la magnitud del problema aunque penosamente se enfoque en aspectos que no redundarán, en general, en su solución.
2. El problema no es nuevo.  Tiene razón el presidente cuando afirma que el liderazgo dominicano, que conste, no sólo el político aunque sea el principal responsable, ha ignorado las advertencias que se han venido dando sobre el problema, en ningún momento ha sido debidamente atendida la vulnerabilidad de la frontera como se debe, se ha ignorado la aplicación de la ley y es una verdad de a puños que se ha permitido que el problema crezca sin respuestas.  Conforme a su parecer, ese problema termina con él, aspecto en el que anoto está totalmente equivocado, pues al contrario, durante su gestión se ha incrementado peligrosamente, porque aunque no lo perciba, de todos los gobernantes que hemos tenido en los últimos tiempos, él es el único que ha dicho todo lo que se debe decir y ha dejado de hacer todo lo que se debe hacer, ahí radica su problema, los demás guardaron silencio, fueron coherentes en el error o facilitaron que sus alfiles les sirvieran de fuerza de choque, práctica contraria a la del presidente Abinader que siempre expone el pecho presidencial, usando su palabra para matar su propia credibilidad en todos los casos en que el pueblo deja de percibirle como sincero.
3. La frontera está más vigilada que nunca.  El pueblo dominicano no olvida que en noviembre del 2021 se habló de que se estaban emplazando 12 mil soldados en la frontera terrestre con Haití (https://elnuevodiario.com.do/republica-dominicana-despliega-12-000-militares-en-la-frontera-con-haiti/), partiendo de que las tres brigadas emplazadas en la zona, San Juan, Barahona y Valverde tuvieren el mínimo de integrantes que tiene ese tipo de unidad militar, que son tres mil, se debe suponer que se adicionaron tres mil soldados, ahora resulta que son nueve mil quinientos y que se les adicionarán mil quinientos más para un total de once mil.  No voy a discutir la afirmación poque al fin y al cabo resulta en cierto sentido irrelevante toda vez que así se trate de cien mil soldados, muchos de los cuales son haitianos que han burlado el Registro Civil, al pueblo dominicano lo que le irrita es la frustración de constatar a diario que esa vigilancia no le sirve de nada, la única realidad palpable es que la corrupción de civiles y militares ha deglutido nuestra frontera.
4. Del “muro” fronterizo.  Me gustaba más el presidente que se refería a la empalizada que se viene construyendo en la frontera como una verja perimetral, pues, es de lo que realmente se trata, pero, ya el comenzó a creer que construye un muro, mal asunto.  Basta entrar a las redes sociales para observar el modo en que a diario la población documenta el hecho de que burlar el mal llamado muro está a ley de doscientos pesos, tal vez menos, de romper la malla ciclónica o simplemente burlarlo de cualquier otro modo, de ahí que suelo bromear diciendo que ha sido muy efectivo para el trasiego de ganado vacuno porque éstas no lo pueden brincar, aunque no se pueda decir lo mismo de los chivos linieros.  No pretendo con esto dejar de valorar la obra, antes no existía nada más que los hitos marcados por las históricas pirámides de la delimitación del 1929, algo es algo, pero en esa verja no está la solución de nuestros problemas si no se le acompaña de otra medidas, incluyendo la construcción de un verdadero muro que debe incluir, no solo la infraestructura física, sino y antes que nada la ética, a lo que debemos sumar la construcción de la carretera Internacional como una herramienta indispensable para el rápido desplazamiento de los elementos llamados a resguardar la seguridad de la frontera, una política sostenida de emplazamientos de polos de desarrollo que estimulen la población de la zona fronteriza, actualmente en proceso de abandono total y ocupación permanente por parte de población haitiana, sin esos complementos, la empalizada terminará siendo también deglutida e inútil.
5. Incremento del costo a los empleadores que incumplan con la ley.  Ha dicho el presidente en su alocución que “la ley solo tiene valor cuando se hace cumplir”, partiendo de ello, resulta preciso remarcarle, que si bien es posible contemplar en el Código de Trabajo un agravamiento de las sanciones en perjuicio de los empleadores que violen el 80/20 sin el cumplimiento de los protocolos establecidos en dicho texto, también es cierto que en vez de remarcar ese tema el Ejecutivo debió anunciar que dotaría la Dirección General de Migración de los recursos que le permitan ampliar capacidades operativas a los fines de dar cumplimiento al mandato legal que le ordena multar severamente a los empleadores, pues, las multas de los artículos 128 y siguientes de la Ley 285-04 se aplican, no por cada infractor, sino por cada uno de los empleados que hubiere contratado ilegalmente.  Actualmente, el texto citado establece multas que podrían ir desde tres a diez salarios por cada ilegal trabajando en el caso de que se trate de trabajadores temporeros, y de cinco a treinta salarios mínimos del sector público en los demás casos, lo que quiere decir que por cada empleado irregular los empleadores tendrían que pagar un mínimo de RD$65,024,40 a un máximo de RD$216,748 pesos en el primer caso, así como un mínimo de RD$108,374.00 a un máximo de RD$650,244.00 por cada extranjero migratoriamente irregular empleado; no entiendo cómo se puede decir una frase tan certera como la que encabeza este ordinal en cuanto al valor de la ley aplicada y se omite el cumplimiento de esas disposiciones, las cuales solo requerirían de la sola voluntad presidencial para ser aplicada inmediatamente.  De mi parte, hubiese preferido el anuncio de que se procedería a multar y no meter al país en el debate de modificaciones legales.
El presidente no debe ignorar por ejemplo la existencia de la Norma número 07-2007 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), norma que me empeñé en derribar en los tiempos en que fui servidor público, obteniendo por única respuesta a mis requerimientos un silencio sepulcral. Conforme al Artículo 3 de la misma, cuando las empresas del sector de la construcción contrataren maestros constructores, pequeños intermediarios entre contratistas y obreros, que son los que finalmente contratan y pagan los haitianos, las primeras solo están obligadas a retenerles el 2% de los pagos que les realizaren por concepto de Impuesto Sobre la Renta, y una vez los maestros redistribuyen entre los obreros “bajo su responsabilidad exclusiva, (…), ya sean trabajadores documentados o indocumentados”, dicho porcentaje bruto pasa de la calidad de retención a la de pago definitivo como única carga fiscal, sin pago de ITBIS, es así como se afirma que los haitianos cuestan igual que los dominicanos.
Otro aspecto en el cual debió empeñarse el presidente para “encarecer” el costo de los empleadores es abordar el tema de la seguridad social, reglón del cual están exentos los “trabajadores documentados o indocumentados” que en la práctica terminan siendo cuasi exclusivamente haitianos, servicio del cual rehúye el poderoso sector financiero, en cuyas manos se encuentra el negocio de la seguridad social.  En vez de andar por los ramos, sería interesante que el presidente se ocupe pura y simplemente de que mañana, esos obreros que trabajan no repitan el patrón de los cañeros reclamando pensiones en el Palacio Nacional para que las paguen los contribuyentes dominicanos sin que en ningún caso hayan sido empleados del gobierno.  En fin, si la intención presidencial es “incrementar” costos, ahí tiene una muestra de cómo hacerlo, solo que en este caso me permito hacer una respetuosa corrección al señor presidente, no es un incremento de costos, es un ajuste de costos para que los haitianos cuesten lo mismo que cuestan los dominicanos que están sometidos a toda formalidad y por vía de consecuencia, en el actual estadio del mercado, terminan siendo laboralmente discriminados en su propia tierra gracias a que el Estado es el principal cómplice en el sostenimiento de un mercado laboral informal en una proporción de un 54%; pero, lamentablemente, ninguno de esos aspectos formaron parte del discurso presidencial.
6. Modificación del marco legal existente para el incremento de sanciones penales por trata y tráfico de personas.  Esta medida resulta absolutamente innecesaria, la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en el Párrafo de su artículo 2 establece sanciones suficientemente drásticas de diez a quince años para imputados comunes,  en el 6 equipara la pena para los cómplice a la del autor principal y en el 7 agrava la sanción con cinco años más para todo aquel que ostente una función pública, es decir, que si se trata de “funcionarios públicos, electos o no, de la administración central, descentralizada, autónoma, o miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional,” en vez de diez o quince le tocan quince o veinte.  En la práctica, lo que hace un tipo penal efectivo no es tanto la gravedad de las penas, que de por sí ya son graves, sino su efectiva aplicación. No tiene sentido proponer que las penas sean aumentadas de doce a veinte años cuando las penas establecidas andan en un rango similar, al margen de que sobreseer un plan de acción inmediata a la espera de que se legisle algo sobre lo que ya existe una norma solo evidencia que no hemos sido capaces de aplicarla eficazmente.
7. Propietarios de viviendas que alquilen a ilegales. En este sentido vale la pena destacar que es una de las propuestas que se pueden destacar como no resueltas normativamente, sin embargo, que nadie dude que aunque resulte bien valorado por todos, será objeto de un debate complejo sobre consideraciones vinculadas a derechos humanos que obligará a que sea abordado con precisión quirúrgica para evitar que finalmente pueda ser objeto de cuestionamiento jurisdiccional que termine aniquilándolo.
8. Creación de la Procuraduría General de la República sobre temas migratorios.  Esta procuraduría existe ya durante muchísimos años, el presidente debió ser informado al respecto, eso sí, su existencia es operativamente tímida, la verdad debe ser dicha.  Digo eso, no por juzgar el trabajo de los magistrados que la han ocupado, sino, porque en términos efectivos es un órgano que requiere de especialización y abundancia de recursos para poder acometer la inmensa tarea de la cual está a cargo, a eso debió referirse el presidente dado el control que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el presupuesto.
En este renglón, si se quiere actuar, la agenda debe ser, además de financiera, el ejercicio de un liderazgo que auspicie un diálogo inter-poderes que incluya los órganos extra-poderes de mayor relevancia y vinculación al tema, la construcción de un régimen de consecuencias nunca será posible si el Estado no hala en una única dirección desde todos sus ángulos, en una acción concentrada, que si bien debe respetar el Estado de derecho, en ningún caso reduzca la agenda a una rutina abandonada en los brazos del laissez faire, laissez passer.  Cuando hablo de incluir órganos extra poderes me refiero a todos, pero muy especialmente a un diálogo respetuoso con la Junta Central Electoral dado que el daño infringido al Registro Civil es grave y potencialmente disolvente de la integridad de nuestra nación desde el momento mismo en que a través del mismo se siga construyendo una minoría étnica nacional sobre la base de un fraude definitivamente monumental, ese tema es crucial, pero tampoco está en el ámbito del radar presidencial para el manejo de este tema, que debe implicar un manejo legislativo que implique sanciones severas para los gestores del registro civil involucrados en fraudes.
9. Nuevo protocolo en el sistema de salud y establecimiento de oficiales migratorios en los hospitales.  Ningún Estado del mundo está obligado a atender pacientes extranjeros sin la contraprestación económica a cambio, salvo que se trate de un caso de emergencia, aquí todo el mundo lo sabe pero la decisión ha sido virar la cara para lucir genuflexos frente a la presión que ejercía el poder extranjero y a los intereses que se benefician de esa presencia sin pagar seguridad social.  Es definitivamente positivo que se pongan condiciones para tratamientos hospitalarios, pero dejar de incluir la condición la condición de que se trate de extranjeros radicados legalmente en el territorio nacional y no prohibir el servicio ambulatorio a aquellos que no lo paguen, en un contexto en el que se exigirán requisitos fácilmente eludibles y añadir que se repatriarán al final del tratamiento generará un problema logístico que muy probablemente hagan inviable la medida y en la práctica continuará dejando la salud haitiana en nuestras manos, no resolverá absolutamente nada, como tampoco resolverá un agente de migración en los hospitales, medida con la cual tal vez se termine creando un nuevo peaje si no se pone atención al tema ético que nos impacta como sociedad.
En lo que respecta a la repatriación de los pacientes indocumentados o migratoriamente irregulares, ya el Reglamente número 631-11 de la citada Ley General de Migración contempla ese tema especialmente en lo que tiene que ver muy especialmente con las parturientas, poniendo a cargo del director o de la administración del hospital el requerimiento de un inspector de migración para que haga su trabajo, pero volvemos a los mismo, el Ministerio de Salud Pública nunca ha dado cumplimiento a esa disposición y migración no se si aún carece de los recursos para implementarlas, de lo cual estoy casi seguro.
10. El dardo de los partos: momento de ordenar.  “Nuestra economía crece y es un ejemplo para la región, pero el desarrollo de nuestra nación no puede depender de la ilegalidad y de la falta de control.  Es momento de ordenar, ordenar con determinación la presencia de trabajadores indocumentados que impulsan nuestra economía, para lograrlo comenzaremos por ordenar nuestra normativa migratoria ante la situación actual de Haití (…)”. De ese modo el presidente Abinader ha informado a la nación que se apresta a impulsar un plan de regularización de los “trabajadores indocumentados que impulsan nuestra economía,” que lo hará con determinación, o sea, pase lo que pase, y cuando se refiere a la situación de Haití, se refiere a que esos trabajadores no pueden sacar documentos en su país serán regularizados sin ellos en base a biometría, complaciendo así, no solo a los sectores empresariales que así se lo vienen reclamando durante años, sino su propia convicción, pues ya lo ha dicho en el pasado en una entrevista refiriéndose a la Ley de Migración, remarcando que debe ser modificada porque es muy difícil regularizar con esa ley toda vez que los obligaría a ingresar regularmente desde Haití y en ningún caso podrían serlo en el territorio nacional, para él, “eso no puede ser” a pesar de que es el presidente y debe ser primero en comprender que los Estados no premian la ilegalidad.
Esa tarea, anunció, se le ha encargado al Dr. Milton Ray Guevara, de quien espero no esté dispuesto a matar el prestigio logrado a la fecha a través de un servicio de esa naturaleza, pero, con Milton y sin Milton, que no les quepa la menor duda de que por ahí vienen los tiros.  En todo caso, es importante que el presidente sepa que esa ley será defendida y que la implementación de un plan de regularización será resistida por todos los medios cívicos posibles, todos, el pueblo dominicano no puede sentarse a mirar como, por servir a intereses establecidos se procurará subordinar la ley al caos no al revés.
11. Sana, sana, culito de rana, si no te sanas hoy, te sanas mañana.  La dominicanización del empleo.  No pretendo banalizar estas líneas al usar esa frase de tan tiernos recuerdos para todos, al contrario, la uso porque era la que habitualmente usaban nuestros padres para mitigar el impacto de nuestras caídas y su consecuente dolor, de ahí que todo cuanto se dijo en el discurso sobre la dominicanización del trabajo me luce la expresión más irónica del discurso, por muy paternal que pretendiera ser, en la práctica nos acaba de decir, casi de contrabando, que los haitianos “que impulsan nuestra economía” están aquí, no se van y serán regularizados, o sea, que las plazas que ellos ocupan seguirán siendo ocupadas, pero nos pasa la mano para decirnos, “tranquilos”, los empleos serán para los dominicanos, sencillamente inaceptable.
12. Ayuda social y salario.  Mecanización de la producción agrícola y la construcción.  Reconozco como un punto luminoso y correcto el hecho de que se impulse una política mediante la cual sea posible que los sectores de la población que se benefician de programas sociales puedan trabajar en los sectores de la construcción y la agropecuaria, muchos hemos abogado por eso durante décadas, razón por la que anoto que no debe circunscribirse al programa supérate, sino que debe abarcar todos demás, tales como los denominados bono gas, bono luz y cualquier otro programa de ese tipo que aún exista, ello así, siempre que sea para beneficio de ciudadanos dominicanos.  Lo mismo pienso de la política de mecanización de la producción agrícola, destinar financiamiento al respecto es una política correcta pero sus efectos serán de mediano y largo plazo al tiempo que requerirán de un gran esfuerzo cooperativo.
13. Sobre el pacto de nación, la unidad y la actitud propositiva.  Resulta preciso recordarle al presidente que el pacto de unidad nacional al que se refiere lo está desempolvando, que lo tenía engavetado y que ahora lo saca convenientemente en medio de un ambiente de presión social sobre el tema, pero, a pesar de ello, resulta valioso que convoque a la unidad, sin embargo, le advierto que su manifiesta determinación de modificar la Ley de Migración o impulsar administrativamente la regularización de los haitianos sobre la base de tirar por la borda nuestro orden migratorio impedirá irremediablemente esa unidad, nos dividirá profundamente y terminará comprometiendo su legado de una manera que de todo corazón no desearía para él.  Créanme que he sacado el tiempo de escribir estas notas, no con animadversión, sino con espíritu constructivo, porque cualquier rectificación que tenga a bien asumir un presidente siempre implicará esperanza para su nación, de ahí que resulta de elevado respeto advertirle respetuosamente que en ese tema no va bien, por esa vía, en general, no se convoca a la acción, su discurso no pasaría de ser más que un instrumento de mitigación de crisis mediática que terminará devaluando aún más su palabra, medítelo, con temas de ese tipo no se juega a la ambigüedad estratégica, es históricamente peligroso.
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Opinion

Mi ventana óptica – Un Estado colapsado

Si nos detenemos en las acciones de muestra clase predominante de La República Dominicana, es fácil advertir, quienes trazan las pautas en la sociedad, grupos de la sombra, que deciden incluso, nuestra existencia como país, que nos elige desde el congresista, el alcalde, hasta el mismísimo flamante presidente, de lo que desde hace tiempo vengo advirtiendo.

Cuando la elección de un representante no sea producto del votante, sino, que los procesos electorales sean manejados como bancas de apuestas, donde interviene el azar, para quienes apuestan adueñarse de las instituciones y salirse con la suya, ese errático destino del país está sellado y peor, cuando la indiferencia se apodera del ciudadano.

Tenemos que exigir transparentar el financiamiento de campañas políticas, si no queremos terminar como Haití. Una élite corrupta, no puede comprar impunidad montando una farsa electoral, valiéndose del poder económico y medios a su alcance. De lo sucedido el 8 de abril, debemos reponernos y sacar lo mejor, en solidaridad con los familiares de las víctimas, pero dejando a un lado el dolor.

Ya sabemos, que quienes invierten en candidatos no lo hacen pensando en la sociedad, sino, para aumentar sus fortunas sin detenerse ante nada. El pueblo parece ignorar el peligro que significa personajes sin escrúpulo interfieran en los procesos electorales, donde se compromete incluso, la soberanía e independencia nacional, comprando la conciencia de hambrientos por una cerveza y un Pica Pollo.

Es por lo que, en estos momentos estamos frente al desplome de un centro de diversión que mató a cientos de personas nativas y extranjeras, pero que si se tratara de un accidente, que puede pasar en cualquier parte del mundo, no sería problema, pero saber que ocurrió por la actitud de alguien que prevaliéndose del poder no hizo nada para evitarlo resulta indignante.

Y que, desde el gobierno, ni siquiera las formas guardan protegiéndolo, es una advertencia de lo que significa la lucha de intereses entre estos grupos. Eso ha llevado al desplome de la justicia, no porque muchos no quieran hacerlo bien, sino, porque estos son vacas sagradas e intocables.

El Jet Set, no podía ser inspeccionado, porque esto era “marca país”, según les dijeron fiscales a residentes de El Portal, cuando fueron a quejarse del establecimiento. Marca país, revestida de la impunidad del propietario, que debió derrumbarse encima de tantas personas que sólo buscaban divertirse y que en estos momentos sólo nos queda el desconcierto y el dolor, pues si bien es cierto que ahí mayormente murieron personas acaudaladas, pero hablamos de vidas productivas, que se perdieron por la impunidad con que se maneja el Estado dominicano.

El desconsuelo es mayor, al ver que nuestra juventud fue neutralizada de la peor manera, pues los clubes, que eran centros de adoctrinamientos sobre el compromiso social y político desaparecieron y estos muchachos están secuestrados por la adicción. ¿Cómo creer en un sistema, donde al presidente y su séquito nos los imponen particulares?

Los muertos en esta tragedia se pueden enterrar y hasta olvidar, pero difícil es hacer lo mismo con tanto dolor causado por alguien, que amparado en el poder provocó la tragedia más grande de nuestra historia republicana, porque estamos bajo el dominio de una élite criminal, que ha convertido el ideal de Duarte en un Estado colapsado junto a sus instituciones.

alex15958@hotmail.com

X, @laactualidadtv

You Tuve, @miventanatv

Tic Tok, @alejandroalmanzar470

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Opinion

A los candidatos de la UASD.

Los candidatos a rectores en la UASD, y los demás candidatos a cargos universitarios, deben de estar plenamente conscientes de la realidad que vive la academia y sus graves problemas, que limitan su desarrollo académico científico, que la alejan cada día más del camino de la excelencia académica.

Es importante que los candidatos estén dotados de una alta integridad ética y moral, para que no caigan, ni se presten a la politiquería, ni al grupito anti-UASD, que tanto daño han hecho a la Academia.

El grupito anti-UASD, se ha opuesto al proceso de Reforma y Transformación Universitaria; y sigue tratando de abortar este proceso. El Consejo Universitario debe convocar de urgencia el Claustro Mayor para aprobar el proyecto de Estatuto Orgánico. Y son los mismos que mantienen a la universidad en condiciones de ilegalidad, en delito de desacato judicial, al no cumplir con la Sentencia del Tribunal Constitucional, que favorecieron a los exfuncionarios jubilados de la UASD, ni cumplieron con las tres resoluciones del Consejo Universitario que sirvieron de base a dicha Sentencia.

La condición de desacatados de los exrectores de la UASD: Iván Grullón Fernández, Emma Polanco Melo y del rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, por no cumplir el mandato de la Sentencia del Tribunal Constitucional, refleja el grado de politiquería y clientelismo que ha llegado la UASD.

Los candidatos a rectores deben estar conscientes de esta realidad para que en su gestión no caigan en la lista de los rectores desacatados.

Los desacatados de la UASD son proclives de sanciones penales y administrativas por el delito señalado, pero más importante, es la sanción moral de la familia universitaria para que sean inhabilitados de cualquier función pública.

El Consejo Universitario y el Claustro Mayor deben aprobar la propuesta del Estatuto Orgánico, que contiene el nuevo artículo del Tribunal Disciplinario y Garantía de Derechos, un régimen de consecuencia.

Los candidatos a rectores deben comprometerse a sacar a la academia de la ilegalidad y
rescatar la ética y la integridad moral en el seno de la UASD.

Franklin Rosa.

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Opinion

Las medidas anunciadas para el control de la inmigración ilegal

El señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, en sus  discursos de campaña prometió que en un gobierno
suyo, en el país no iba a quedar un solo inmigrante indocumentado haitiano, porque iba a aplicar con rigor la ley de Migración, la cual no se estaba aplicando.

Durante la gestion pasada y en la actual, se han realizado operativos a través de la Dirección General de Migración (DGM) para la deportación de indocumentados haitianos. Sin embargo, hay lugares que parecen protegidos e intocables para dicha dirección.

¿Cómo es posible que el actual Director de dicha institución, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester no tuviera conocimientos de la gran cantidad de indocumentados que habitaban los lugares denominados «Hoyo de Friusa y Mata Mosquitos», para realizar un operativo de deportación?

Hubo que realizar una marcha y una protesta popular en contra de lo que allí estaba ocurriendo para que se actuara en consecuencia. Las mismas fueron impedidas de llegar hasta ese último lugar con bombas lacrimógenas, lo que demuestra que ahí se estaban ocultando y protegiendo acciones  delincuenciales.

El  gobierno se puso como meta la deportación de unos 10 mil indocumentados semanales, lo que resulta casi impisible, pues el Estado no cuenta con la suficiente logística para estos fines.

A los que realmente se lograban deportar del país, por un lado salían y por el otro ingresaban como perro por su casa, fruto de la corrupción imperante en los diferentes puntos fronterizos, a pesar de la tan cacareada parafernalia de los miles de  soldados colocados en la frontera, de la utilización de armamentos sofisticados, equipos tecnológicos, drones, aviones, helicópteros, carros y camiones blindados, tanques y los puntos de chequeos, anunciada por el gobierno.

Recientemente, en una de las últimas ruedas de prensa semanales, el Presidente Abinader anunció unas 15 medidas para frenar la inmigración ilegal de haitianos, algunas de las cuales se han venido aplicando desde hace un tiempo, sin ningún resultado positivo.

Entre esas medidas, se citan: el aumento de 1,500 soldados en la frontera, la construcción de 13 kilómetros más del muro fronterizo; el cobro a las parturientas haitianas en las diferentes maternidades, la exigencia de los documentos de identificación y su domicilio; el control y el sometimiento a la justicia de los propietarios de viviendas rentadas a nacionales haitianos indocunentados.

Las mismas se prestan para actos de corrupción y para operaciones dolosas. Los ayuntamientos están obligados a colaborar con su cumplimiento y control, a través de la realizacion de un censo poblacional.

También está lo de la dominicanización del trabajo. Sobre esta medida, el Presidente Abinader propone un aumento salarial de 25 % en las zonas francas y un 30 % en turismo a los trabajadores. Algunas de esas medidas, en la práctica han sido rechazadas hasta por algunos de sus ministros. El propio ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz expresó hace unos meses que sin la mano de obra haitiana no habrá agricultura en el país.

En estos monentos, las diferentes labores: agrícolas, de construcción, domésticas y últimamente, las hoteleras, están siendo realizadas por la mano de obra haitiana indocumentada. La muestra de ello es la gran cantidad de nacionales haitianos indocumentados que deambulan por las calles de las provincias y municipios del país.

Lamentablemente, la propia Policía Nacional está contribuyendo con la inmigración ilegal de haitianos, pues muchos de sus miembros apresan a los indocumentados, sin corresponderles esta labor, para exigirles luego una suma de dinero para ponerlos en libertad.

Señor Presidente. La verdadera dominicanización del trabajo solo se logrará si se aplica el Artículo 135 del Código Laboral, que exige la aplicación del 80-20 , es decir, que por cada 100 trabajadores en una empresa, 80 por lo menos, deben ser domimicanos y el fmrestante 20, extranjeros. De lo contrario sería hacer más de lo mismo.

Alfredo Cruz Polanco alfredocruzpolanco@gmail.com

El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales

Ex diputado al Congreso Nacional y
Miembro de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016

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