Continúa este miércoles audiencia contra red de corrupción en instituciones públicas

Santo Domingo. – Este miércoles a las 2:00 de la tarde continuará la audiencia de medida de coerción contra 10 personas, entre militares y civiles, acusadas de integrar una estructura de corrupción administrativa que operaba en varias instituciones del Estado.

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó la audiencia en la madrugada del martes, luego de que uno de los imputados presentara complicaciones de salud, según informó el abogado Valentín Medrano, defensor de uno de los encartados.

El Ministerio Público acusa a los implicados de actuar de manera coordinada para beneficiar a empresas de seguridad privada mediante sobornos y la manipulación de procesos de contratación, asegurando la continuidad de contratos de forma irregular.

Cinco imputados admiten culpabilidad

Durante la audiencia del martes, cinco de los 10 acusados admitieron su responsabilidad en los hechos. Estos son: el coronel Andrés Pacheco Varela; Ramón Quezada Ortiz; Quilvio Rodríguez, propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase); el teniente Wellington Peralta Santos; y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, gerente de seguridad de Edenorte.

A raíz de estas admisiones, el Ministerio Público modificó su solicitud de prisión preventiva y pidió arresto domiciliario para los cinco confesos. En cambio, mantuvo el pedimento de prisión preventiva contra los cinco imputados restantes que no llegaron a acuerdos.

Los demás implicados

Los otros acusados son el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; y los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército; así como el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

La Procuraduría solicitó que el caso sea declarado complejo, al considerar que los hechos constituyen una violación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Instituciones afectadas

Según la acusación, la red delictiva operó en instituciones clave que brindan servicios esenciales a la población, entre ellas el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, tras detectar irregularidades en los procesos de contratación de servicios de seguridad privada.