SeNaSa 2.0 llega a los tribunales con 26 imputados y el Ministerio Público deja abierta la puerta a nuevas fases

Santo Domingo, República Dominicana. – Mientras el Ministerio Público deja entrever que las investigaciones por las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) podrían continuar ampliándose, los imputados de la denominada Operación Cobra 2.0-A comenzaron su recorrido por los tribunales.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción contra 26 imputados de esta nueva fase.

Inicialmente, el Ministerio Público había sometido a 25 personas, pero posteriormente se incorporó al proceso la doctora Ysabel Heredia Vallejo, especialista en gastroenterología, quien se entregó a las autoridades. Su integración motivó, junto con una solicitud de las defensas para estudiar las pruebas, el aplazamiento de la audiencia.

El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el proceso sea declarado complejo. El expediente depositado consta de 525 páginas.

RD$41.1 millones bajo investigación

El Ministerio Público atribuye a la estructura la ejecución de 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas, por un monto de RD$41,125,551.02, entre enero de 2021 y febrero de 2025.

Según la acusación, las autorizaciones correspondían a consultas y procedimientos médicos facturados utilizando datos de afiliados de SeNaSa que no habrían solicitado ni recibido esos servicios.

La red investigada estaría integrada, de acuerdo con los fiscales, por médicos, empleados y exempleados de la ARS estatal, además de otras personas vinculadas al sector salud.

Cómo habría operado el esquema

El mecanismo descrito por el Ministerio Público partía de la utilización de información real de afiliados.

Según el expediente, integrantes de la estructura obtenían los datos de los usuarios, solicitaban autorizaciones para consultas y procedimientos y posteriormente reclamaban el pago a SeNaSa, aun cuando los servicios no hubieran sido prestados.

Los fiscales sostienen además que estas operaciones podían afectar directamente a los afiliados, debido a que las reclamaciones consumían parte de la cobertura disponible a nombre de los usuarios.

Entre las irregularidades descritas figuran expedientes clínicos confeccionados con datos de pacientes que nunca recibieron los servicios registrados, firmas presuntamente falsificadas y utilización de sellos médicos.

El expediente incluye casos de hombres a quienes les fueron registradas consultas ginecológicas que, al ser contactados por los investigadores, negaron haber recibido.

Los 26 imputados

Entre los sometidos figuran Angeury Guzmán Vásquez, hermano de Ángel Luis Guzmán Vásquez; Heidy Coronado Paulino; Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova; Lucreisy Polanco Núñez; Einstein Rafael Borromé Valdez; Juan Henry Poueriet; Hanna Rashell Rodríguez Almánzar; Luz Esther Reyes Durán de Ramírez; Edwin Alberto Batista Cruz y José Luis Díaz Hernández.

También aparecen Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

A ese grupo se incorporó Ysabel Heredia Vallejo, elevando a 26 el número de imputados. De acuerdo con la Pepca, 22 son médicos.

Ángel Luis Guzmán, señalado como pieza clave

Entre las personas señaladas en esta línea investigativa figura Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, quien ya se encuentra en prisión preventiva por otra fase del proceso.

El Ministerio Público lo identifica como uno de los principales articuladores del esquema que habría utilizado información de afiliados para generar autorizaciones y pagos irregulares.

Su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, forma parte del nuevo grupo sometido a la justicia.

El abogado Billy Gerónimo, representante de ambos, ha manifestado que sus defendidos están dispuestos a colaborar con el Ministerio Público y que Ángel Luis estaría abierto a explorar una solución alterna dentro del proceso.

La acusación también hace referencia a otros integrantes de su familia, aunque no todos figuran entre las personas sometidas en esta etapa.

El antecedente

Esta nueva fase se suma al expediente abierto en diciembre de 2025 contra el exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Hazim y otras nueve personas.

En ese proceso, el Ministerio Público atribuye a una estructura vinculada con la pasada administración de la aseguradora estatal un presunto perjuicio superior a RD$15,900 millones.

La acusación incluye supuestas contrataciones y facturaciones irregulares, sobornos, programas especiales sin sustento jurídico y manipulación de estados financieros.

En diciembre, el juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a Hazim y otros seis imputados y declaró complejo el proceso. A otros acusados les fueron impuestas medidas menos gravosas.

Otras líneas de investigación

Las pesquisas sobre SeNaSa también han derivado en otros expedientes.

Uno de ellos es Operación Onco14, relacionada con presuntas irregularidades en el Instituto Oncológico Regional del Cibao y el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.

El Ministerio Público sostiene en esa investigación que se modificaban indicaciones médicas para agregar estudios y procedimientos con el propósito de incrementar las facturaciones a SeNaSa.

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, había señalado previamente que SeNaSa habría sido afectado por al menos tres presuntas estructuras de corrupción.

¿Habrá un “SeNaSa 3.0”?

La posibilidad de una nueva fase tomó fuerza luego de que Camacho publicara en su cuenta de X el mensaje “3.0”, acompañado de emojis relacionados con maquinaria, una ambulancia, un reloj de arena y una balanza de la justicia.

El funcionario, sin embargo, no mencionó directamente a SeNaSa ni explicó el significado de la publicación.

Por su parte, la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, ha señalado que las investigaciones permanecen abiertas, que hasta ahora las pesquisas se han concentrado en personas físicas y que este tipo de procesos pueden ampliarse.

Por ello, aunque las declaraciones y publicaciones de los fiscales sugieren que podrían surgir nuevas acciones, hasta el momento no se ha anunciado formalmente un expediente denominado “SeNaSa 3.0”.

La próxima etapa inmediata será la audiencia de este miércoles 23 de septiembre, cuando el tribunal deberá conocer la solicitud de medida de coerción contra los 26 imputados.