Violencia y ataques con drones generan temor previo a elecciones presidenciales en Colombia

Colombia. – El clima de temor generado por la violencia armada y los ataques con drones en las zonas rurales de Colombia se presenta como una amenaza significativa para la participación ciudadana en las elecciones presidenciales programadas para el próximo domingo.

Situación en Potrerito

En el pequeño poblado de Potrerito, perteneciente al municipio de Jamundí, la residente Gladys Marín aún no ha tomado la decisión de acudir a votar, a pesar de que el centro de votación se encuentra a escasos metros de su hogar. La comunidad ha sido blanco reciente de ataques con explosivos lanzados desde drones, presuntamente perpetrados por disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado colombiano.

Impacto en la vida cotidiana

Las consecuencias de la violencia han alterado drásticamente la vida diaria en la zona. La escuela que albergará los puestos electorales ha permanecido cerrada durante más de una semana, y varias viviendas cercanas a la estación policial presentan daños estructurales causados por explosivos.

“Uno tiene que estar pendiente de lo que pasa… porque vivimos muy cerca de la estación de policía”, comentó Marín a la agencia AP, mientras vigilaba el cielo con preocupación por la seguridad de sus hijos.

Riesgo de violencia en el país

La Misión de Observación Electoral ha alertado que 386 municipios colombianos enfrentan un riesgo elevado de violencia asociada a grupos armados ilegales. Entre las organizaciones mencionadas se encuentran las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La Fundación Ideas para la Paz estima que actualmente existen alrededor de 27,000 personas armadas vinculadas a estructuras ilegales en Colombia.

Propuestas para garantizar la seguridad

La defensora de derechos humanos Lina Tabares ha sugerido que una de las medidas más efectivas sería trasladar los puestos de votación fuera de las zonas rurales más afectadas por el conflicto. En localidades cercanas como Robles, las calles adyacentes a las estaciones policiales están bloqueadas con barricadas improvisadas, y los agentes se resguardan en estructuras reforzadas con sacos de arena.

Acciones de las autoridades

Las autoridades regionales han afirmado que la fuerza pública está trabajando para impedir el avance de las disidencias hacia la zona urbana de Jamundí y posteriormente hacia Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca. Según el secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, Guillermo Londoño, los grupos armados han incrementado el uso de ataques simultáneos con drones cargados de explosivos.

El Ministerio de Defensa colombiano reportó que durante 2025 se registraron 333 ataques con drones, en comparación con 61 incidentes contabilizados en 2024. Además, el Ejército colombiano informó que este año se han producido 107 ataques con drones contra tropas militares, resultando en al menos dos soldados fallecidos.

Iniciativas del Gobierno

Ante esta escalada de violencia, el Gobierno está trabajando en la adquisición de un “escudo nacional antidrones” valorado en 1.6 millones de dólares. Esta medida busca proteger a las comunidades y garantizar la seguridad durante el proceso electoral.

Debate político y futuro del conflicto

La situación también ha reavivado el debate político en torno a la política de “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro. El mandatario ha reconocido que la estrategia no ha logrado el desarme esperado de las organizaciones ilegales y ha suspendido diálogos con facciones dirigidas por alias “Iván Mordisco” y con el ELN tras nuevos episodios de violencia.

Entre los candidatos presidenciales persisten posturas divididas sobre cómo abordar el conflicto. Mientras sectores cercanos al oficialismo abogan por la continuidad de las negociaciones, figuras opositoras proponen fortalecer las operaciones militares contra los grupos armados.

Perspectivas futuras

Analistas advierten que la violencia podría aumentar después de las elecciones, dependiendo del rumbo político que adopte el próximo gobierno. Además del conflicto armado, las autoridades y organizaciones civiles señalan que el narcotráfico y la minería ilegal continúan siendo las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados en regiones como Valle del Cauca y Cauca.