Irregularidades millonarias en el uso de combustible

Santo Domingo. – En la República Dominicana, la gestión del combustible en diversas instituciones públicas se ha convertido en un foco de preocupación, según las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Estas investigaciones han revelado irregularidades que superan los 108 millones de pesos en nueve entidades gubernamentales.

Controles deficientes y recursos públicos

Los informes indican que cientos de miles de tickets y galones de combustible son administrados con controles inadecuados, lo que facilita el uso discrecional de recursos públicos. Esta falta de trazabilidad genera dudas sobre los beneficiarios reales de estos recursos.

Métodos de entrega del combustible

El combustible se distribuye a través de tanques institucionales, tarjetas recargables y tickets físicos, que permiten el abastecimiento en estaciones de servicio. Sin embargo, los auditores han encontrado casos donde:

• No hay constancia de quién recibe el combustible.
• Se asigna a empleados no autorizados.
• Se otorgan montos que superan el límite legal, triplicando en ocasiones el salario del beneficiario.

Instituciones auditadas

Entre las entidades que fueron objeto de auditoría se encuentran:

• Ministerio de la Juventud
• Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex)
• Ministerio de Deportes (Miderec)
• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd)
• Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep)
• Ayuntamiento de Pedro Brand
• Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie)
• Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia)
• Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

Diferencias contables y casos específicos

En el CEA, se identificó una discrepancia de 464.53 galones de gasoil, lo que equivale a 111,998.18 pesos, que no estaban registrados en el sistema contable. La institución atribuyó esta diferencia a fallas en los inventarios y prometió reemplazar al personal responsable, aunque no se explicó el origen del problema.

Irregularidades en tickets

Rafael Burgos Gómez, director del CEA, declaró que actualmente abastece una flotilla de 340 vehículos con el mismo presupuesto que antes cubría 45, generando un excedente de 2.5 millones de pesos en noviembre de 2025.

Un exfuncionario, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló que uno de los métodos de desvío consistía en reportar cargas completas, aunque los tanques se llenaran con menor cantidad, vendiendo luego el excedente.

Destinatarios no identificados

En el Ministerio de la Juventud, se encontraron anomalías por 19,676,250 pesos en tickets cuyo destino no fue identificado entre septiembre de 2020 y agosto de 2021. La Caasd adquirió 52,418,570 pesos en combustible mediante compras fraccionadas, eludiendo los procesos regulares de contratación pública, sin identificar a los receptores.

El Cusep recibió 30 cheques por 10,677,796.13 pesos para dietas y combustible, sin las firmas de los beneficiarios, además de un millón de pesos en tickets fuera del monto licitado. También se asignaron combustibles que superaban el 10 % permitido por la Ley 105-13, generando un perjuicio estimado en 517,000 pesos.

Violaciones a la Ley 105-13

La Ley 105-13 establece que solo los altos cargos pueden recibir asignaciones de combustible y que estas no deben exceder el 10 % de su salario. Sin embargo, el Inabie entregó 346,500 pesos en combustible a personal no autorizado, mientras que ProCompetencia asignó 1,320,000 pesos a empleados técnicos y profesionales, amparándose en reglamentos internos que contravienen la ley.

En el Mirex, se ejecutaba mensualmente una partida de 250,000 pesos para "imprevistos de combustibles" sin justificar su uso entre agosto de 2020 y abril de 2021.

Uno de los casos más sorprendentes ocurrió en el entonces Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Dirección Central de Policía de Turismo (Politur), donde un funcionario con un salario de 20,000 pesos recibía 70,000 en volantes de gasolina, lo que representa el 350 % de su sueldo. Otros directivos también recibían asignaciones adicionales significativas.

Falta de sanciones y consecuencias

Ante consultas de un medio nacional, la Contraloría explicó que solo después de concluir los procesos técnicos y conforme a la Ley 10-07, se remiten formalmente los hallazgos al Ministerio Público para posibles acciones legales. Sin embargo, enfatizaron que su función principal es dar seguimiento a las recomendaciones y fortalecer los sistemas de control interno, señalando que las irregularidades se originan en una deficiente aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci).

El movimiento cívico **Participación Ciudadana** ha alertado que el combustible institucional sigue siendo uno de los rubros más opacos del gasto público. La falta de trazabilidad facilita desvíos, duplicidades y el posible uso político de estos recursos.

A pesar de que las auditorías se realizaron durante el primer año de la actual administración, los hallazgos continúan sin consecuencias judiciales visibles, lo que genera cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de control y sanción en la gestión de recursos públicos.