Antonio Espaillat sale en libertad tras pago de fianza por caso Jet Set

Santo Domingo. – Luego de permanecer una semana detenido, el empresario Antonio Espaillat fue puesto en libertad este viernes tras completarse los trámites del pago de la fianza de 50 millones de pesos impuesta como medida de coerción por su vinculación con la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

Espaillat abandonó esta tarde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, un día después de que la jueza Fátima Veloz, del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impusiera a él y a su hermana, Maribel Espaillat, una fianza millonaria, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el tribunal.

Jueza rechazó prisión preventiva

La magistrada desestimó la solicitud del Ministerio Público, que había solicitado 18 meses de prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel, bajo cargos de homicidio involuntario, por el colapso del techo del centro nocturno el pasado 8 de abril, que dejó 235 personas fallecidas, entre ellas el reconocido merenguero Rubby Pérez.

Fundamentos del fallo

Según lo expuesto en la audiencia, la jueza valoró que los imputados poseen suficiente arraigo, ya que cuentan con domicilios conocidos, estabilidad laboral, y vínculos familiares y sociales en el país. Asimismo, consideró que no existen indicios de riesgo de fuga, ni antecedentes de evasión.

En cuanto a la calificación jurídica del caso, la magistrada recordó que el artículo 319 del Código Penal Dominicano, que sanciona el homicidio involuntario, establece una pena de prisión correccional de tres meses a dos años, lo cual, a su juicio, no justifica la imposición de medidas más gravosas como la prisión preventiva.

Coacción no fue probada

Sobre las acusaciones contra Maribel Espaillat por supuesta coacción a un testigo, el tribunal concluyó que el contenido de la conversación presentada como prueba no evidencia una acción directa que comprometa el proceso penal. Si bien calificó la interacción como “éticamente reprochable”, indicó que no alcanzaba el umbral de una afectación sustancial al proceso probatorio.

La jueza reiteró que las medidas de coerción deben ser proporcionales y cautelares, dirigidas a garantizar la presencia del imputado durante el proceso, y no como una forma anticipada de sanción.