Aplazan audiencia contra propietarios de Jet Set por colapso que dejó 235 muertos

Santo Domingo. – Fue aplazada para el próximo miércoles 18 de junio, a las 11:00 de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, imputados por el colapso del techo del establecimiento, ocurrido el pasado 8 de abril y que dejó 235 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La audiencia fue pospuesta a solicitud de los abogados defensores, quienes pidieron más tiempo para estudiar el expediente y preparar su estrategia jurídica frente a la acusación presentada por el Ministerio Público.

El órgano acusador les imputa los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, y ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat, así como arresto domiciliario para Maribel, quien resultó lesionada durante el incidente. Según el expediente, la empresaria sufrió una profunda herida en la cabeza que requirió 12 puntos de sutura, y parte de su oreja tuvo que ser restaurada quirúrgicamente.

Argumentos de la acusación

El Ministerio Público ha presentado 133 pruebas para sustentar las imputaciones, entre ellas testimonios, peritajes, documentos y materiales. Según las autoridades, la discoteca Jet Set operaba en un local originalmente diseñado como cine, que fue modificado sin supervisión técnica ni permisos legales, incluyendo la eliminación de una columna clave para la estructura del techo.

Los fiscales alegan que los imputados sobrecargaron el techo de forma progresiva con elementos de gran peso, lo que provocó el colapso.

Además, sostienen que la tragedia fue totalmente evitable y que los responsables “valoraron el dinero por encima de la vida humana”, al operar sin cumplir con los requisitos técnicos y legales.

También se denunció que los imputados habrían intimidado a testigos para impedir que colaboraran con la investigación.

“Una tragedia evitable”

Al salir del tribunal, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reiteró la gravedad del caso:

“Este caso dejó 235 personas fallecidas, más de 180 heridas y más de 130 niños huérfanos. Niños que, antes del 8 de abril, posiblemente tenían su vida asegurada y ahora enfrentan un futuro incierto”, afirmó.