Polémica por indultos concedidos por Trump reaviva debate sobre uso político del perdón presidencial

Washington, EE. UU. – Los indultos otorgados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar se han convertido en los más recientes episodios de una extensa lista de perdones presidenciales que han generado fuertes cuestionamientos sobre el uso de esta facultad por afinidad política y por presuntas contradicciones en su discurso contra el narcotráfico.

De acuerdo con un análisis publicado este lunes en un medio de circulación nacional, Trump ha concedido clemencia a al menos 10 personas condenadas por delitos relacionados con drogas desde el inicio de su segundo mandato, entre ellas figuras de alto perfil vinculadas al crimen organizado y al fraude financiero.

Indulto a Juan Orlando Hernández

El caso más reciente corresponde al indulto total concedido al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. Trump justificó la decisión alegando que su procesamiento fue producto de una “trampa” orquestada por la administración del expresidente Joe Biden.

Críticos han calificado el indulto como “hipócrita”, al considerar contradictorio que se libere a una figura condenada por narcotráfico mientras se intensifican acciones contra redes criminales en América Latina vinculadas, según Washington, al Tren de Aragua o al llamado Cartel de los Soles.

Otros casos vinculados al narcotráfico

Entre los beneficiados también figura Ross Ulbricht, creador del mercado ilegal en línea Silk Road, condenado en 2015 a cadena perpetua por narcotráfico, conspiración y fraude informático, quien recibió el indulto tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Liz Oyer, exabogada de indultos durante la primera administración de Trump, afirmó en un medio de circulación nacional que estos casos reflejan “la erosión de un sistema en el que pesan cada vez más el dinero y la influencia política”.

Indultos fuera del ámbito de las drogas

La lista de indultos no se limita a delitos relacionados con estupefacientes. La semana pasada, Trump concedió clemencia al congresista demócrata Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano. El mandatario justificó la medida alegando una supuesta persecución política impulsada por la administración Biden.

Cuéllar, legislador desde 2005, se había distanciado públicamente de la política migratoria demócrata y asumido posturas más cercanas a las promovidas por Trump.

En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el uso indebido de fondos de campaña. Trump minimizó los delitos al describirlo como “un poco pícaro”.

Otro indulto fue concedido a David Gentile, exdirector ejecutivo de GPB Capital Holdings, condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, tras estafar a más de 10,000 inversionistas por un monto estimado de 1,600 millones de dólares.

Asimismo, el 23 de octubre, Trump indultó al cofundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero. El caso generó controversia debido a los vínculos posteriores de la plataforma con World Liberty Financial, empresa de criptomonedas vinculada a la familia Trump.

Indultos por el asalto al Capitolio

El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todas las personas condenadas o procesadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos acusados por sedición.

A estos se suma el caso de Joseph Shwartz, un magnate condenado por fraude, quien habría pagado cerca de un millón de dólares a grupos de lobby con la intención de obtener clemencia, según reportes. La Casa Blanca negó vínculos con estos intermediarios.

Cuestionamientos al uso del perdón presidencial

Solo en 2025, Trump ha concedido alrededor de 1,600 indultos y conmutaciones. Para numerosos críticos, esta cifra ha convertido el perdón presidencial en un indicador del ejercicio del poder y, en algunos casos, en una práctica cercana al “pago por clemencia”, una tendencia que continúa ampliando la lista de casos polémicos.