Exoneraciones en la justicia: 709 vehículos importados sin pago de impuestos

El Poder Judicial y otros órganos de características similares han sido beneficiarios, desde hace varios años, de exoneraciones vehiculares, un privilegio que, aunque no es idéntico al que tienen los congresistas, impacta las arcas del Estado.

En los últimos cuatro años, según una base de datos suministrada por la Dirección General de Aduanas (DGA) y analizada por este periódico, al menos 489 jueces y funcionarios del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, así como entidades autorizadas a acogerse a estas disposiciones, importaron al país 709 vehículos sin pagar impuestos.

Esta cantidad representa una suma aproximada de RD$503,215,428.24, lo que indica que, en promedio, cada juez o funcionario exoneró poco más de un millón de pesos al traer vehículos del exterior. A pesar de la cantidad de beneficiarios, este monto es considerablemente inferior al de los legisladores, ya que los importadores del sector judicial optaron mayormente por vehículos que no son de lujo.

De hecho, solo 2 de cada 10 de estos automóviles se consideran «de lujo», mientras que la mayoría de los jueces y funcionarios eligieron marcas fuera de esta categoría.

Marco legal de las exoneraciones

El derecho de importar vehículos sin pago de impuestos para jueces y funcionarios del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público está sustentado en tres leyes, la primera promulgada en 1998 y las otras dos en 2011.

Ley 327-98 de Carrera Judicial:
«Todos los jueces del orden judicial tendrán derecho, cada cinco años, a la importación libre de gravamen de un vehículo de motor no suntuario, el cual será intransferible durante ese período. Este derecho se adquirirá a partir del segundo año en el servicio.»

Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público y Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional:
Ambas legislaciones establecen las mismas disposiciones contenidas en la Ley 327-98 del Poder Judicial.