Exdirector de Senasa, Santiago Hazim, queda bajo arresto por presunto desfalco y corrupción administrativa

Santo Domingo. – Pasadas las 10:30 de la noche de este sábado, el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, quedó bajo arresto tras varias horas de interrogatorio en la Procuraduría General de la República (PGR), en el marco de una investigación por presunto desfalco y actos de corrupción administrativa durante su gestión al frente de la entidad.

De acuerdo con su representante legal, Miguel Valerio, Hazim fue “entrevistado” por las autoridades y posteriormente dejado bajo custodia, indicando que en un plazo de 48 horas se solicitará la medida de coerción, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

“El señor Hazim fue arrestado; en 48 horas se presentará la medida de coerción y en ese momento fijaremos nuestra posición”, expresó Valerio, quien evitó confirmar si la entrevista fue encabezada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

Desde alrededor de las 5:00 de la tarde, Hazim permanecía en las instalaciones de la PGR debido a su vinculación con el denominado caso Senasa. Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían emitido un comunicado oficial, por lo que se desconoce si el empresario Eduardo Read Estrella, propietario de la empresa Khersum SRL —quien también fue interrogado— quedó bajo arresto.

Según informó el vocero de la Presidencia, Félix Reyna, el pasado 13 de septiembre una investigación sobre la gestión de Hazim arrojó “graves hallazgos de irregularidades detectadas en el marco de sus funciones”.

De acuerdo con reportajes de investigación, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con pagos a empresas por contratos que estipulaban servicios que no fueron ofrecidos a afiliados del régimen subsidiado. Uno de los señalamientos más relevantes apuntó a que, a través de Khersum SRL, se habrían realizado pagos mensuales superiores a RD$60 millones, independientemente de que los afiliados recibieran o no los servicios médicos contratados.

El abogado Valerio indicó que el exfuncionario está en disposición de colaborar con las autoridades durante el proceso judicial que lo vincula con su gestión en Senasa por un supuesto desfalco y actos de corrupción administrativa.

“Por eso nos trasladamos a la Procuraduría General de la República. Esperaremos la medida de coerción para fijar nuestra posición”, señaló al salir del edificio, al tiempo que agregó que, durante la entrevista, Hazim “ofreció respuestas fehacientes sobre lo que él entiende” en relación con los hechos investigados.

Antecedentes del caso Senasa

Santiago Hazim se desempeñó como director ejecutivo de Senasa desde 2020 hasta agosto de 2025, cuando fue sustituido mediante el decreto 461-25 por el doctor Edward Rafael Guzmán Padilla. Su salida se produjo en medio de un clima de acusaciones públicas sobre presuntas irregularidades en su administración.

Un mes antes de su destitución, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró nula de pleno derecho una contratación directa realizada por Senasa con la empresa Farmacard, S.R.L., al determinar que violaba la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y sus modificaciones.

Investigaciones periodísticas posteriores ampliaron el alcance de los señalamientos. Entre ellas, se denunció la existencia de un “call center paralelo” utilizado para gestionar más de 4,000 autorizaciones médicas, así como la adjudicación de contratos sin licitación para asistencia farmacéutica ambulatoria y la asignación de materiales de osteosíntesis a empresas presuntamente vinculadas a funcionarios públicos.

A raíz de estas revelaciones, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó colaboración de periodistas investigadores para profundizar en las indagatorias relacionadas con acciones fraudulentas internas en Senasa.

Adicionalmente, el exdirector de la entidad Chanel Rosa Chupany denunció que durante la gestión de Hazim se habría implementado una doble contabilidad con la finalidad de “abrir un espacio financiero” y evitar que el sistema de Salud y Riesgos Laborales detectara el nivel real de la deuda acumulada.