Más del 60 % del parque vehicular dominicano supera los 10 años y agrava riesgos ambientales y de seguridad vial

Santo Domingo. – A pesar del caos persistente en el tránsito y la limitada cobertura de transporte público colectivo en la República Dominicana, el parque vehicular sigue en aumento. Este crecimiento se caracteriza por una alta proporción de unidades antiguas, muchas de las cuales son más contaminantes y representan mayores riesgos para la seguridad vial y la salud pública.

Según los últimos datos disponibles en el portal de Transparencia de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al 31 de diciembre de 2024, el parque vehicular nacional alcanzaba las 6,194,052 unidades. De estas, al menos el 62% tenía más de 10 años de circulación.

• Más de una cuarta parte de los vehículos registrados (26.3%) corresponde a unidades fabricadas en el año 2000 o antes.
• Esto equivale a aproximadamente 1,631,006 unidades con más de 25 años de uso.
• Diversos organismos internacionales estiman que vehículos con más de una década de antigüedad pueden ser hasta 20 veces más contaminantes que los modelos más recientes.

La situación se agrava por la ausencia de programas efectivos para el retiro de vehículos obsoletos y la falta de incentivos sostenidos para la eliminación de las denominadas “chatarras”. Si consideramos las unidades fabricadas entre 2000 y 2020, estas representan aproximadamente el 78.7% del total del parque vehicular dominicano.

La Dualidad del Parque Vehicular

Los datos reflejan una compleja dualidad: coexisten una gran cantidad de vehículos antiguos con una presencia significativa de unidades modernas. De hecho, los vehículos fabricados entre 2021 y 2024 figuran entre los segmentos con mayor crecimiento reciente, con más de 1.3 millones de unidades registradas en ese período.

La acumulación de vehículos abandonados y deteriorados representa un creciente problema de salud pública y seguridad ciudadana. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Williams Pérez Figuereo, explicó que el denominado Plan Cero Chatarra, que cumple su primer año de ejecución, ha permitido retirar más de 856 vehículos en condiciones de abandono.

No obstante, advirtió que no existen estadísticas oficiales precisas sobre la cantidad total de chatarras en el país, aunque se estima que podrían ser cientos de miles de unidades dispersas entre calles, zonas rurales, instituciones públicas y áreas privadas.

Pérez Figuereo señaló que estos vehículos abandonados facilitan la proliferación de mosquitos, ratas y otros vectores transmisores de enfermedades, además de convertirse en espacios utilizados para actividades delictivas debido a la falta de iluminación y vigilancia.

Costos y Beneficios del Programa

Retirar un vehículo cuesta en promedio RD$65,000, mientras que el programa otorga un bono de RD$50,000 a los propietarios que entregan unidades canjeables mediante concesionarios asociados. Sin embargo, se trata de una iniciativa privada, por lo que se exhorta al Estado a asumir un rol más activo y estructural frente a este problema.

La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que los vehículos que pierdan las condiciones mínimas de seguridad, conforme al Sistema de Inspección Técnica Vehicular, deben ser retirados de circulación hasta corregir las fallas detectadas.

El artículo 170 de esta ley dispone que dichas unidades perderán el marbete de inspección técnica y sus conductores podrán ser sancionados con multas equivalentes a un salario mínimo del sector público centralizado, además de la reducción de puntos en la licencia de conducir.

No obstante, la aplicación de la norma presenta brechas importantes, especialmente entre los vehículos del transporte público sindicalizado y los demás usuarios de las vías, lo que evidencia la necesidad de un plan integral y equitativo.

A pesar de que la ley dominicana establece la obligatoriedad de una inspección técnica vehicular anual, el país lleva más de dos décadas sin aplicar este proceso, desde el cierre de los antiguos centros de revisión. Esta ausencia ha tenido efectos directos en la seguridad vial y el medio ambiente.

El reglamento de Inspección Técnica Vehicular, promulgado en enero de 2019, define revisiones anuales, bianuales o semestrales según el tipo, antigüedad y uso del vehículo. Ese mismo año, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) convocó una licitación internacional que fue declarada desierta en 2020.

En 2022, el Gobierno declaró de interés público el Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular mediante el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas. En 2025 se anunció que el programa requerirá una inversión privada inicial de unos 88 millones de dólares, destinada a la construcción y operación de estaciones de inspección en todo el país.

Sectores como la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) han expresado su respaldo a la iniciativa, al considerar que contribuirá a reducir emisiones contaminantes, mejorar la seguridad vial y disminuir las muertes por accidentes de tránsito.

Mientras tanto, simulacros recientes realizados por la CNTU revelan que un 70% de los vehículos inspeccionados presentaba condiciones muy deficientes. Esto refuerza la urgencia de implementar un sistema nacional de inspección técnica acompañado de un plan efectivo de eliminación de chatarras. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para abordar este problema y garantizar un futuro más seguro y sostenible en las carreteras dominicanas.