Cámara de Diputados aprueba cambios a la Ley de Residuos Sólidos y devuelve el proyecto al Senado

Santo Domingo. La Cámara de Diputados ha dado un paso significativo al aprobar, de manera urgente y en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Esta modificación introduce cambios en las tarifas de las contribuciones previamente aprobadas por el Senado de la República.

Con estas modificaciones, el proyecto regresa al Senado, que deberá revisarlo y tomar una decisión durante su sesión programada para esta semana.

Aprobación en sesión extraordinaria

La propuesta fue respaldada durante una sesión extraordinaria, donde 118 de los 146 legisladores presentes votaron a favor. Este respaldo refleja la urgencia y la importancia del tema en la agenda legislativa.

Modificaciones clave en las contribuciones

Entre las principales modificaciones se encuentra una nueva escala de contribuciones para las personas jurídicas, presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Esta escala establece aportes que las empresas deberán realizar según sus ingresos anuales:

• Empresas con ingresos entre RD$700,000,001 y RD$1,000 millones: RD$750,000.
• Empresas con ingresos entre RD$1,000,000,001 y RD$2,500 millones: RD$1.7 millones.
• Empresas con ingresos superiores a RD$2,500 millones: RD$2.2 millones.
• Nueva categoría para empresas con ingresos de hasta RD$5 millones: aporte anual de RD$5,000.

Además, se modifica el párrafo IV del artículo 36, estableciendo que la contribución será liquidada anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y pagada en dos cuotas semestrales. El 50% se pagará junto con la declaración jurada del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el 50% restante seis meses después. La DGII se encargará de transferir los recursos recaudados a la Tesorería Nacional en un plazo de 30 días para su depósito en el fideicomiso creado por la legislación.

Nuevas disposiciones en el artículo 36

El proyecto también incorpora tres nuevos párrafos al artículo 36:

• La contribución será deducible de la renta bruta conforme al Código Tributario.
• Se establece un aporte máximo de RD$675,000 para empresas que operen como comisionados o comisionistas, independientemente de sus ingresos.
• Las normas del Código Tributario serán aplicables a la administración de esta contribución.

Asimismo, se crea un régimen transitorio para las empresas cuyo aporte supere lo establecido en la Ley 98-25, permitiéndoles pagar el monto correspondiente durante el año fiscal 2025. También se incluye un artículo transitorio que permitirá a las personas jurídicas y entidades privadas que no hayan realizado el pago de la contribución hacerlo en julio y diciembre de 2026.

Comparación con la versión del Senado

Las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados han reducido algunos de los incrementos aprobados previamente por el Senado para las empresas de mayores ingresos, además de incorporar una nueva categoría para las compañías de menor tamaño. Entre los ajustes más destacados se encuentran:

• Reducción de la contribución máxima para empresas con mayores ingresos.
• Ampliación del rango de aplicación del aporte de RD$1.7 millones.
• Un ligero incremento para empresas cuyos ingresos oscilan entre RD$700 millones y RD$1,000 millones.

Es importante recordar que el Senado había aprobado el proyecto la semana pasada, también de manera urgente y en dos lecturas consecutivas.

Defensa de la iniciativa por parte de Alfredo Pacheco

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la iniciativa, explicando que la sesión extraordinaria fue convocada debido a que el plazo para la entrada en vigor de la primera etapa de la ley vencía este martes. Destacó que muchos sectores ya habían realizado sus pagos ante la DGII y subrayó que la reforma representa un avance en la gestión integral de los residuos sólidos y en la reducción de vertederos a cielo abierto.

Pacheco reconoció que la iniciativa ha suscitado controversia entre diversos sectores productivos, pero aseguró que las modificaciones buscan establecer un esquema más equilibrado para el pago de contribuciones. Además, resaltó que desde la aprobación de la Ley 225-20 en 2020, el país ha avanzado en el manejo de residuos sólidos, aunque aún enfrenta importantes desafíos.

El legislador también mencionó que la Cámara de Diputados consideró diversas sugerencias durante el proceso de discusión y anticipó que la normativa podría ser objeto de futuras revisiones. Según sus estimaciones, el país requiere una inversión entre RD$20,000 millones y RD$30,000 millones para abordar de manera definitiva la problemática de los residuos sólidos.

"Estamos avanzando. Son medidas que generan cargas, duelen y molestan, especialmente a los sectores productivos, y nosotros lo reconocemos. Hemos trabajado arduamente con muchos sectores", expresó Pacheco.

Modificaciones al artículo 36 y prohibiciones

La reforma modifica el artículo 36 de la Ley 225-20, estableciendo un aporte obligatorio para todas las personas jurídicas y entidades privadas con el objetivo de crear un fondo destinado a mitigar los efectos negativos de la disposición de residuos y fortalecer el sistema nacional de gestión.

Además, el proyecto mantiene la prohibición de importar sorbetes, tenedores, cuchillos, cucharas plásticas, vasos y otros productos elaborados en poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad. Se prevé que, seis meses después de la promulgación de la ley, se promoverá el uso de sustitutos sostenibles fabricados con papel o cartón reciclado y biodegradable.

La iniciativa ha recorrido ambas cámaras legislativas en menos de dos semanas mediante un procedimiento acelerado, en medio de críticas y cuestionamientos formulados por diversos sectores empresariales.