Abinader promulga la Ley 97-25 que reforma el Código Procesal Penal

Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la mañana de este domingo la Ley 97-25, mediante la cual se introduce una reforma integral al Código Procesal Penal, en cumplimiento de la sentencia TC/0765/24, que ordenó la sustitución de la Ley 10-15.

La información fue ofrecida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien explicó que la nueva legislación apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos, incorporando criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

Peralta Romero destacó que la ley moderniza el texto vigente, al fortalecer una parte sustancial de los 28 principios del proceso penal, y consolidar un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de Derecho.

Indicó que la legislación promulgada será publicada este lunes en la Gaceta Oficial y, conforme a la normativa vigente, entrará en vigor el próximo martes en el Distrito Nacional y el miércoles en el resto del país.

Principales avances de la reforma

Entre los aspectos más relevantes del texto legal, el consultor jurídico resaltó la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, incluyendo la justicia restaurativa, los criterios de oportunidad, los acuerdos, las conciliaciones, los procedimientos abreviados y la suspensión condicional del procedimiento, ahora aplicable a hechos sancionados con penas de hasta cinco años de prisión.

Asimismo, subrayó que la reforma fortalece el derecho de defensa y las garantías procesales, al reforzar la presunción de inocencia, asegurar una asistencia técnica integral a las partes en condición de vulnerabilidad y promover una aplicación más humana del proceso penal mediante el principio de favorabilidad procesal.

Peralta Romero explicó que los derechos del investigado se activan desde los primeros actos del proceso, como la citación o la inmovilización de fondos, y que se amplía el plazo para la presentación del escrito de defensa. Además, se otorgan mayores oportunidades para solicitar contraperitajes y se fija un plazo máximo de dos años para los archivos provisionales, que anteriormente no tenían límite temporal.

Medidas de coerción y plazos razonables

En cuanto al régimen de medidas de coerción, la reforma establece reglas más claras sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un mayor control judicial en las revisiones obligatorias, atendiendo a criterios de necesidad, razonabilidad y motivación estricta en la restricción de la libertad personal.

El nuevo Código Procesal Penal incorpora de manera expresa el criterio de plazo razonable, fijando un máximo de cuatro años para los casos ordinarios y cinco años para los casos complejos, con reglas claras para su cómputo. También garantiza un recurso de apelación efectivo, al eliminar la figura del “nuevo juicio” y facultar a las cortes para conocer el fondo del proceso conforme a las reglas del juicio, asegurando un doble grado de jurisdicción real y funcional.

Proceso participativo y consensuado

“El Código Procesal Penal reformado está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y centrada en la solución del conflicto”, afirmó Peralta Romero.

Agregó que la reforma también armoniza el proceso penal con el nuevo Código Penal, especialmente en lo relativo a la clasificación de las infracciones.

Finalmente, explicó que el texto es el resultado de extensas jornadas de trabajo y amplios consensos, en las que participaron, además de los legisladores, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y diversos representantes de la comunidad jurídica, así como otros sectores de la sociedad y el Estado.