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Pago de intereses de la deuda, educación y salud comprometerían el 84.3 % de la recaudación de la DGII en 2027
Santo Domingo. – De cada RD$100 que el Estado proyecta recaudar en 2027 a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), RD$84.3 estarían destinados al pago de intereses de la deuda pública y a las asignaciones presupuestarias de educación y salud, situación que limita la disponibilidad de recursos para atender otras necesidades sociales, incluida la vivienda.
Así lo explicó Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), durante el Seminario Vivienda y Hábitat, celebrado el 30 de octubre en el hotel Catalonia, donde presentó un análisis sobre la evolución del gasto público destinado a vivienda y servicios comunitarios entre 2014 y 2025.
El funcionario señaló que el gasto devengado en esta función se multiplicó por 4.7 durante ese período, al pasar de RD$9,678 millones en 2014 a aproximadamente RD$45,349 millones en 2025.
Sin embargo, aclaró que esta partida presupuestaria no comprende exclusivamente programas habitacionales o de vivienda social, sino también inversiones en abastecimiento de agua potable, urbanización y desarrollo comunitario.
Durante el panel “¿Dónde estamos cinco años después? Balance de la situación habitacional y los principales desafíos de las políticas públicas”, Jovine explicó que, entre 2021 y 2025, estas áreas representaron, en promedio, el 6.7 % del gasto social, frente al 4.9 % registrado entre 2014 y 2020.
Intereses de la deuda representan una fuerte presión presupuestaria
El economista advirtió que las restricciones fiscales y el creciente peso del servicio de la deuda pública reducen el margen presupuestario disponible para ampliar las intervenciones del Estado en materia de vivienda.
Según detalló, de cada RD$100 proyectados en recaudaciones de la DGII para 2027, RD$31.5 se destinarían al pago de intereses de la deuda, RD$35 a educación y RD$17.8 a salud.
Esto significa que RD$84.3 de cada RD$100 estarían comprometidos con esas tres obligaciones, mientras que los RD$15.7 restantes constituirían el equivalente disponible para las demás instituciones, inversiones y gastos públicos, entre ellos los relacionados con vivienda.
Jovine explicó que esta distribución evidencia las dificultades que enfrenta el Gobierno para incrementar los recursos destinados a programas habitacionales y otros proyectos de desarrollo social.
Asimismo, señaló que los ingresos internos se encuentran condicionados por la situación económica internacional y los conflictos geopolíticos, especialmente por sus efectos sobre los países importadores de hidrocarburos.
“Eso le pasa a República Dominicana y le pasa a toda América Latina, pero sobre todo a un país que es importador neto de hidrocarburos. Eso le pasa factura; y eso nos está condicionando las finanzas públicas hoy día, y ese condicionamiento ejerce una presión en el déficit y, a su vez, eso significa que el financiamiento cada año y los intereses de la deuda absorben una mayor proporción del gasto público”, expresó.
El funcionario sostuvo que estas presiones económicas dificultan la expansión del gasto social y obligan a establecer prioridades en la distribución de los recursos públicos.
Analizan avances y desafíos de las políticas habitacionales
El planteamiento fue presentado durante el Seminario Vivienda y Hábitat, organizado por Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), como parte del proyecto “Promoviendo una política urbana participativa en la provincia de Santo Domingo, con enfoque de género y desde una perspectiva de producción social del hábitat, fase III”.
La iniciativa se desarrolla con financiamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, académicos, investigadores y representantes de organizaciones sociales para analizar los avances y desafíos de las políticas habitacionales implementadas en República Dominicana durante los últimos cinco años.
Entre los participantes estuvieron Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, así como Joan Guerrero y Rafael Alejandro Morel, representantes del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
También participaron Jenny Torres, investigadora especializada en pobreza, género y políticas públicas; Ana Moyano, doctora en Arquitectura e integrante del Centro Arcoíris; Patricia Gómez, trabajadora social del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), y Pedro Hernández, sociólogo y director de Planificación de la Liga Municipal Dominicana.
Plantean fortalecer Plan Decenal de Viviendas 2022-2032
Uno de los temas centrales del encuentro fue la implementación del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, considerado una herramienta para orientar las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones habitacionales de la población.
Durante las discusiones se destacó la importancia de acompañar este plan con recursos presupuestarios suficientes, coordinación entre las instituciones responsables y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar sus resultados.
Los participantes también plantearon la necesidad de superar una visión de la política habitacional centrada exclusivamente en la construcción de viviendas e incorporar otros componentes fundamentales para el desarrollo de las comunidades.
Entre estos aspectos figuran la planificación territorial, el acceso a servicios básicos, la seguridad jurídica de las familias y la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con sus territorios.
En ese sentido, se destacó que garantizar el derecho a una vivienda adecuada requiere esfuerzos conjuntos entre el Estado, los gobiernos locales, la academia, las organizaciones sociales y las comunidades.
También se resaltó la importancia de reconocer a los residentes como protagonistas en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas que influyen directamente en sus condiciones de vida.
La actividad se celebró en vísperas del Día Mundial de las Ciudades, conmemorado cada 31 de octubre, bajo el lema de este año: “Regenerar la ciudad: vivienda adecuada para todos”.
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