Sector eléctrico concentra más del 85 % de las devoluciones del impuesto a combustibles en 2025

Santo Domingo. – El subsidio a los combustibles del que se benefician los transportistas resulta mínimo frente a los montos que el Estado reembolsa a las empresas generadoras, distribuidoras de electricidad y a otros 21 sectores productivos del país.

Hasta el 21 de noviembre de 2025, el Estado dominicano había devuelto 11,644.5 millones de pesos por concepto del Impuesto Selectivo al Consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo a 20 sectores económicos, de los cuales el 85.40 % —equivalente a 9,944.8 millones de pesos— fue destinado al sector eléctrico.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la mayor proporción de estas devoluciones corresponde a la generación de energía, tanto renovable como convencional, con 9,388 millones de pesos, mientras que las empresas distribuidoras de electricidad recibieron 556.4 millones de pesos.

Estos recursos se suman a las cuantiosas transferencias que debe asumir el Gobierno para sostener un sector que opera en déficit permanente. Al 19 de diciembre, el Estado había devengado 105,828.3 millones de pesos para cubrir la energía generada por fuentes termoeléctricas, de acuerdo con los reportes de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco, advirtió que, pese a los elevados recursos destinados, no se evidencian mejoras significativas en el desempeño del sector.

“A pesar de los recursos destinados, los resultados no muestran mejoras en las pérdidas, que siguen representando una proporción significativa de la energía adquirida, lo que evidencia debilidad en los incentivos fiscales”, señaló.
Según los datos citados, las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) acumularon pérdidas equivalentes al 44.2 % de la energía comprada durante los primeros ocho meses de 2025.

Marco legal y reforma fiscal

La Ley 253-12, que modificó las leyes 112-00 y 495-06, sustituyó la exención directa de los impuestos selectivos a los combustibles por un mecanismo de devolución, con el objetivo de regular los incentivos fiscales, reforzar la supervisión sobre la importación y comercialización de combustibles y reducir la informalidad en el sector.

En el proyecto de reforma fiscal, retirado del Congreso Nacional en octubre de 2024 tras críticas sociales, el Poder Ejecutivo proponía reembolsar totalmente este impuesto a las generadoras eléctricas, excluyendo a las que operan en sistemas aislados y a las que producen energía para consumo propio.

Otros sectores beneficiados

El sector minero figura como el segundo mayor beneficiario, con devoluciones por 967.7 millones de pesos, seguido por el sector turístico, que recibió 432 millones de pesos.

A la industria del acero se le reembolsaron casi 130 millones de pesos, a la textil unos 50.2 millones, y a las zonas francas alrededor de 48.6 millones de pesos.
También se realizaron devoluciones a fábricas de envases de vidrio (22.2 millones), mayoristas de combustibles y lubricantes (19.3 millones), fábricas de cemento (6.4 millones), industria básica del hierro y acero (5.2 millones) y minería de materiales no ferrosos (5.2 millones).

Otras actividades exentas incluyen la construcción y reparación de obras hidráulicas (3.5 millones), fabricación de artículos de piel (2.7 millones), productos plásticos (2.5 millones), cigarros (2.2 millones) y envases de cartón (1.3 millones). Asimismo, figuran los productores de caucho, velas, cirios y azúcar.

De acuerdo con informes oficiales, al personal diplomático se le reembolsaron 19.3 millones de pesos entre enero y octubre de 2025.

Subsidio especial al transporte

De forma paralela, el Gobierno mantiene un subsidio especial al sector transporte, mediante una disposición del Poder Ejecutivo que exonera de impuestos el consumo mensual de 5.6 millones de galones de gasoil utilizados por 21 federaciones de transporte de pasajeros y carga.

Este beneficio equivale a 48.37 pesos por galón, lo que representa un sacrificio fiscal de 272 millones de pesos mensuales, o 3,265 millones de pesos al año.
Los 67.5 millones de galones de diésel que se entregan anualmente se distribuyen en partidas definidas por el Gobierno, sin parámetros legales claros, asignadas por listados elaborados por organizaciones choferiles y vendidas a los transportistas bajo un esquema de supervisión limitada.

Este combustible subvencionado es utilizado por el transporte urbano, interurbano, turístico, de carga y por el Programa de Transporte Escolar (TRAE).