Subsidio al transporte: el Estado entrega 67.5 millones de galones de gasoil al año sin controles legales claros

Santo Domingo. – El Estado dominicano entrega cada mes a 21 federaciones del transporte público unos 5.6 millones de galones de gasoil, exentos del pago de aproximadamente 272 millones de pesos en impuestos, como parte de un subsidio que, según el discurso oficial, tiene como objetivo evitar alzas en los pasajes.

Los 67.5 millones de galones de diésel que se distribuyen anualmente se adjudican en partidas definidas por el Gobierno sin parámetros legales claros, se reparten entre las rutas conforme a listados elaborados por las principales organizaciones choferiles y se venden a los transportistas bajo un esquema de supervisión considerada insuficiente.

Este combustible subsidiado financia las actividades productivas del transporte urbano, interurbano, turístico, de carga y de los estudiantes beneficiarios del Programa de Transporte Escolar (TRAE).

En términos generales, el gasto anual de los subsidios al gasoil, Bonogás y Motoben asciende a 3,887 millones de pesos, de los cuales 3,265 millones corresponden exclusivamente al diésel. De este volumen, el 74 % del gasoil subsidiado se concentra en cuatro federaciones: la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano) y la Federación Nacional de Choferes (Fenacho).

El presidente Luis Abinader restableció este plan el 7 de septiembre de 2021, luego de haber sido suspendido durante la administración anterior. Además, incrementó el presupuesto del Bonogás de 428.9 millones a 633.8 millones de pesos y creó el subsidio Motoben, mediante el cual se entregan 1,500 pesos mensuales a motoristas, con un costo anual estimado en 72.8 millones de pesos.

Las organizaciones más beneficiadas por el subsidio al gasoil son Conatra, dirigida por el senador Antonio Marte, y Fenatrado, presidida por el también senador Ricardo de los Santos. Les siguen Fenatrano y Fenacho, concentrando entre las cuatro el 74 % del combustible asignado.

El combustible se deposita en los tanques de las rutas de acuerdo con la cantidad asignada por las federaciones y, a partir de ese momento, queda bajo su responsabilidad garantizar que se venda exclusivamente a las unidades del transporte público, con un precio rebajado en 48.37 pesos por galón.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), coordinador del programa, informó que bajo la gestión de Milton Morrison comenzaron a implementarse mecanismos de auditoría y fiscalización a partir de enero de 2025, tres años después de la creación del subsidio.

Según la institución, se realizaron auditorías a 417 asociaciones o sindicatos, además de labores de monitoreo sobre la distribución y recepción del combustible, revisión de facturas emitidas por los distribuidores e inspecciones a tanques y terminales de operación de los transportistas.

Sin embargo, desde Fenatrano, su presidente Juan Hubieres negó la existencia de una supervisión efectiva. “Si usted recibe un millón de galones y se reparte eso con algún funcionario, ¿está interesado en que se supervise? Sí hubo supervisión cuando Leonel Fernández, pero solo a nosotros; a los grandes no”, sostuvo.

Hubieres mantiene desde hace años la denuncia de que el diésel subsidiado se distribuye en función de conexiones políticas y aseguró que el 40 % del subsidio otorgado a otros sectores —como generadoras, mineras, zonas francas, constructoras y diplomáticos— se comercializa en el mercado negro.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, registró un sacrificio fiscal de 18,478 millones de pesos por concepto de devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC) de combustibles a esos cinco sectores.

“Muchos amigos de políticos reciben subsidios para repartir las ganancias. ¿Cuál es la ganancia? Cuarenta pesos por un millón de galones: son 40 millones de pesos”, denunció Hubieres.

En contraste, Antonio Marte, presidente de Conatra, y Mario Díaz, de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), aseguraron que las autoridades mantienen controles estrictos y que el manejo del combustible se realiza con transparencia.

Fenattransc cuenta con un reglamento que regula el uso del gasoil subsidiado e impide, entre otras prácticas, su colocación en garrafones o su utilización en vehículos privados. Los 30 mil galones mensuales que recibe la federación abastecen a 426 camiones dedicados al transporte de productos agrícolas desde el campo.

El Intrant dirige el programa amparado en el “Acuerdo sobre cooperación al sector transporte público de la República Dominicana”, suscrito en 2021 con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entidad de la cual provienen los recursos.

Las empresas del transporte entregan al Intrant el listado de beneficiarios, que luego es remitido a la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) para el despacho del combustible a cada ruta.

Hubieres reiteró que Fenatrano es discriminada por no ser afín al Gobierno, pese a movilizar cerca del 70 % de los pasajeros de la capital. Afirmó que más del 80 % de sus choferes no recibe Bonogás, mientras que Antonio Marte indicó que alrededor del 40 % de los afiliados a Conatra sí dispone de ese beneficio.

A Fenatrano se le asignan 686,700 galones mensuales, con un valor exento de 33.2 millones de pesos, en tanto que Conatra recibe 1.7 millones de galones, equivalentes a 84.4 millones de pesos en subsidios.

Fenatrado, encargada del transporte de mercancías en vehículos pesados, dispone de 1.4 millones de galones mensuales, con un valor exento de 65.3 millones de pesos, mientras que Fenacho recibe 387,919 galones. Le siguen otras organizaciones como Mochotran, Unatrafin, la Unión de Propietarios, la Asociación Dominicana de Transporte Turístico (Adotratur) y Unet.

La vigilancia sobre el uso ilegal del gasoil corresponde al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), que informó en un medio de circulación nacional haber realizado 230 allanamientos en los últimos 10 años contra sindicatos involucrados en comercio ilícito de combustible.

Durante esas intervenciones se incautaron 344,832 galones, y los responsables fueron remitidos al Ministerio Público. Aunque no siempre se producen sometimientos judiciales, las sanciones incluyen la pérdida del combustible retenido, que pasa a manos del Estado.

“Cuando hay una falla, ellos están ahí. Eso no se presta a mucha distorsión porque somos gente seria los que estamos en ese círculo de abastecimiento”, afirmó Mario Díaz.