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Nueva Ley 98-25 redefine gestión de residuos sólidos y genera inquietudes en el sector plástico

Santo Domingo. – La República Dominicana enfrenta un punto decisivo con la entrada en vigencia de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una normativa diseñada para atacar el histórico problema de la basura sin afectar el aparato productivo nacional. El país vive así una transición regulatoria que busca frenar décadas de rezago ambiental.
Aunque la ley original tenía apenas cinco años de promulgada, la magnitud del desafío impulsó una reforma más profunda. Sin embargo, sectores vinculados muestran preocupación ante el impacto potencial de algunas disposiciones sobre la industria del plástico, actividad que solo en 2024 generó más de 48,080 empleos y aportó RD$20,000 millones al fisco, según datos oficiales.
El Gobierno se plantea metas ambiciosas: reducir en 87 % los residuos mal gestionados; bajar la entrada de plásticos a cuerpos de agua de 244,000 toneladas en 2022 a 18,000 en 2040; aumentar el volumen del reciclaje de 23,000 a 136,000 toneladas; y elevar la circularidad del plástico del 6 % al 53 % en ese mismo período. Estas proyecciones corresponden a la Plataforma de Acción por los Plásticos de la República Dominicana (NPAP-RD), coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Régimen de prohibiciones
La Ley 98-25 prohíbe la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos, cucharas, tapas, vasos y cualquier producto elaborado en poliestireno (foam) que no cuente con certificación de biodegradabilidad.
En un plazo de 12 meses, quedará prohibida la comercialización de pajillas o sorbetes, así como cubiertos plásticos sin certificación biodegradable, con excepción de envases térmicos de foam con tapa adherida tipo bisagra para alimentos.
Asimismo, la ley establece:
Un año para prohibir la entrega gratuita de fundas plásticas de un solo uso en establecimientos comerciales.
Un año para que productores de fundas y botellas plásticas ingresen a un programa de responsabilidad extendida del productor.
Un plazo de 36 meses para que alcaldías y distritos municipales implementen progresivamente programas de separación en la fuente y recolección selectiva.
Ante la falta de sustitutos viables en ciertas actividades, la normativa contempla excepciones para insumos médicos y de laboratorio, así como plásticos destinados a obras viales y de construcción.
Plásticos y foam bajo regulación estricta
Más del 55 % de los residuos sólidos que ingresan a los principales ríos del Distrito Nacional corresponde a foam, según registros oficiales.
La nueva legislación endurece el control sobre plásticos desechables. El artículo 154 exige que los productos comercializados garanticen una biodegradación mínima del 20 % en el primer año o del 90 % en cinco años. Por su parte, el artículo 161 prohíbe el foam que no incorpore aditivos biodegradables.
Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, se realizarán auditorías anuales a fabricantes e importadores. La violación será clasificada como infracción grave, con sanciones que incluyen inhabilitación por al menos dos años y confiscación temporal de maquinarias.
La normativa también ordena que opere una única planta de valorización por cada una de las diez regiones del país, con distancia mínima de 50 kilómetros entre instalaciones, salvo en la región Ozama debido a su densidad poblacional.
Aportes económicos y sistema de contribuciones
El artículo 36 fija una contribución anual obligatoria entre RD$3,000 para empresas con ingresos de hasta RD$1 millón y RD$650,000 para compañías cuyas operaciones superen los RD$100 millones. Estos pagos serán deducibles del impuesto sobre la renta y ajustables conforme al índice de precios del consumidor.
Aunque legisladores destacan que los montos son inferiores a otros países de la región, el esquema ha generado resistencia.
La industria del plástico continúa siendo uno de los principales pilares económicos del país. En 2024 aportó RD$12,403 millones en impuestos por importaciones, equivalente al 4.87 % del total recaudado, ubicándose entre los cinco rubros más productivos, según cifras oficiales.
Las empresas nacionales importan el 68 % del plástico utilizado, especialmente para envases, bebidas no alcohólicas y productos químicos.
En cuanto a exportaciones, en 2024 alcanzaron US$258 millones, equivalentes al 6.4 % del total nacional, además de generar 1,150 empleos vinculados al manejo de desperdicios plásticos. Ese mismo año, las ventas internas generaron RD$37,433 millones para el fisco, un aumento de 4.4 % respecto a 2023.
Avances de economía circular
El sector de reciclaje procesa apenas el 10 % de los materiales plásticos, pero genera 1,148 empleos directos y exportó 34,367 toneladas en 2024 por un valor de US$18.6 millones. México, Estados Unidos y China fueron los principales destinos.
Este volumen representa un crecimiento del 13 % frente a 2021. Para la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (Adiplast), la exigencia de biodegradabilidad del foam es un avance positivo, aunque persiste preocupación por la prohibición de importar cubiertos plásticos.
Plazos para platos y bandejas de foam
La modificación a la Ley 225-20 incorpora obligaciones adicionales:
Los productores locales tendrán 24 meses para sustituir platos y bandejas de foam por alternativas biodegradables.
En 12 meses deberá ser obligatorio el retorno de envases con valor de depósito.
También en 12 meses deberán implementarse programas nacionales para la inclusión social de recicladores de base.
Se concede un plazo máximo de 48 meses para el cierre de todos los vertederos a cielo abierto del país.
El incumplimiento de fechas y prohibiciones será sancionado como infracción grave, conforme al artículo 164.

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