Ministerio Público cifra en más de RD$1,666 millones el perjuicio al Estado por entramado de corrupción liderado por Jochi Gómez

Santo Domingo. — El Estado dominicano habría perdido más de RD$1,666 millones como consecuencia de un complejo esquema de corrupción y lavado de activos presuntamente dirigido por el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), según la acusación formal depositada por el Ministerio Público, que también solicita la apertura de juicio contra otros 16 coimputados y varias empresas privadas.

Un “doble esquema” de fraude y apropiación

De acuerdo con la acusación, Gómez Canaán habría ejecutado un “doble esquema” para desviar fondos públicos:

1. Sobrecostos en contrataciones estatales, mediante licitaciones y adendas fraudulentas.

2. Apropiación de recaudaciones públicas, ocultando ingresos y simulando obligaciones inexistentes.

El Ministerio Público sostiene que este patrón “estructurado y sostenido de fraude” permitió al grupo enriquecerse ilícitamente mediante operaciones trianguladas entre empresas controladas directa o indirectamente por Gómez Canaán.

Empresas implicadas en el entramado

El expediente detalla la participación de al menos cinco compañías utilizadas como vehículos financieros y de lavado de activos:
OML Inversiones, Transcore Latam, Aurix S.A.S., PagoRD Xchange S.R.L. y Dekolor S.R.L.

OML Inversiones, S.R.L.

Identificada como una “sociedad de papel”, OML funcionó como vehículo patrimonial para canalizar fondos provenientes de contratos fraudulentos con instituciones públicas.
Durante el período 2020-2024, la empresa registró entradas superiores a RD$1,348 millones, además de US$14 millones y €113,000.
El Ministerio Público la señala como el eje financiero central del esquema de lavado.

Transcore Latam S.R.L.

La acusación establece que esta empresa fue beneficiaria de un contrato fraudulento de RD$1,317 millones con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), adjudicado para modernizar los sistemas de semáforos y equipos de control vial.
El Ministerio Público afirma que la licitación fue manipulada y que la empresa movilizó cientos de millones de pesos y millones de dólares como parte del esquema ilícito.

PagoRD Xchange S.R.L.

Formalmente creada para gestionar cobros electrónicos del Intrant, esta empresa habría desviado fondos públicos bajo el pretexto de comisiones administrativas.
Según la acusación, retuvo indebidamente las recaudaciones por licencias de conducir y tasas de servicios, utilizando el dinero para compras de bienes de lujo e inversiones personales.

Dekolor S.R.L.

Se habría beneficiado mediante la manipulación de contratos y adendas con el Intrant, logrando la sobrevaluación de servicios y el uso de la empresa como canal para lavar activos.
El documento indica que solo en una adenda obtuvo más de RD$200 millones, mientras que el Intrant incluyó una “deuda proyectada” de RD$936 millones equivalente a ocho meses de facturación futura sin sustento legal.

Aurix S.A.S. e Industria Soltex

Aunque no figuran contratos formales ante la Contraloría General de la República ni el Ministerio de Defensa, ambas compañías aparecen como entidades receptoras de transferencias.
La acusación consigna que OML Inversiones destinó más de RD$21 millones y US$2 millones a Industria Soltex, fondos presumiblemente utilizados para ocultar el origen ilícito del dinero.

Daño económico y alcance del caso

El Ministerio Público califica la Operación Camaleón como un caso “sin precedentes” por combinar corrupción administrativa, sabotaje tecnológico y lavado de activos.
El presunto desfalco total asciende a más de RD$1,666 millones, y el expediente incluye más de 300 páginas de pruebas documentales, peritajes financieros y registros electrónicos.

La acusación subraya que Gómez Canaán y su grupo “instalaron una estructura de control paralelo sobre sistemas tecnológicos del Estado”, desde la red semafórica del Gran Santo Domingo hasta plataformas de recaudación digital, con el fin de sustraer recursos públicos y manipular información gubernamental.

Próximos pasos judiciales

Con la solicitud de apertura de juicio, el expediente pasa ahora al tribunal para determinar si existen méritos suficientes para enviar a los acusados a juicio de fondo.
De confirmarse las imputaciones, Gómez Canaán enfrentaría cargos por coalición de funcionarios, asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.

El Ministerio Público adelantó que solicitará penas ejemplares y la recuperación de los fondos públicos desviados mediante los mecanismos de decomiso y extinción de dominio.