Ministerio Público acusa a Santiago Hazim de liderar entramado fraudulento en perjuicio del Senasa

Santo Domingo. – Desde antes de su designación como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Marcelo Hazim Albainy ya habría estado recibiendo beneficios que luego formarían parte de una presunta estructura fraudulenta en perjuicio del Estado dominicano, según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.

El expediente indica que Hazim habría recibido beneficios, entre ellos vehículos de alta gama, otorgados por empresarios que posteriormente integrarían una supuesta red de corrupción que se favoreció del presupuesto del Senasa, aunque el documento no identifica a los empresarios involucrados.

“De igual modo, estableció una serie de compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de esta institución pública”, señala el Ministerio Público.

Hazim es identificado como el presunto líder de un entramado que involucra a otras nueve personas. Según la acusación, las maniobras fraudulentas se habrían iniciado formalmente el 21 de agosto de 2020, día en que fue designado titular del Senasa mediante el decreto 377-20.

El órgano acusador sostiene que, desde su llegada a la entidad, Hazim se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró un esquema de corrupción estructurado y funcional. “Desde su llegada, se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal estructurado y funcional”, precisa la solicitud.

De acuerdo con el expediente, las acciones atribuidas al imputado incluyen la presunta recepción de sobornos, falsificación de estados financieros, manipulación de cuentas contables, creación de programas fraudulentos, privatización irregular de la atención primaria, coalición de funcionarios, prevaricación y estafa en perjuicio del Estado, institución a la que —según destaca el Ministerio Público— estaba “obligado a servir y proteger”.

El supuesto fraude habría afectado directamente a los afiliados del Senasa, una ARS que concentra cerca del 70 % de la población dominicana, al comprometer recursos destinados a la atención médica y la cobertura de salud de los sectores más vulnerables.

“El expediente, que sobrepasa las 500 páginas, ha permitido identificar distintos ejes operativos de corrupción y fraude, materializados por esta estructura criminal integrada por empresarios, profesionales de la salud, particulares y funcionarios públicos, dirigidos por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy”, sostiene el documento.

Presunta distribución de sobornos y control de contrataciones

Entre las irregularidades señaladas, el Ministerio Público destaca la creación arbitraria del denominado Comité de Contrataciones Médicas, una estructura que, según el órgano acusador, no existía previamente y fue constituida sin sustento legal, normativo ni procedimental, alterando el mecanismo vigente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud.

Dicho comité habría estado integrado por funcionarios del círculo cercano de Hazim, entre ellos Francisco Iván Minaya, gerente de Salud; Roberto Canaán, gerente de Atención al Usuario; Gustavo Guilamo, coordinador de Gabinete; Germán Robles, consultor jurídico; y Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación.

El Ministerio Público sostiene que este comité “respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo su línea directa de autoridad”.

La investigación señala que esta estructura fue utilizada para favorecer de manera directa, selectiva y discrecional a prestadores de salud vinculados al entorno político, personal y económico del imputado. “Procuraba beneficiar tanto a quienes le apoyaron políticamente como a aquellos que le entregaban sobornos”, puntualiza el expediente.

Asimismo, se indica que Hazim habría delegado el control de aprobaciones y contratos en sus asistentes más cercanas, quienes, aun en su ausencia, presentaban listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobadas por órdenes directas del imputado.

Según el documento, expresiones como “eso es del CEO”, “eso es del Olimpo” o “vino respaldado” eran utilizadas como instrucciones internas de cumplimiento obligatorio dentro de la institución.