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Ministerio Público acusa a exdirector de Senasa de crear entramado fraudulento en “operación Cobra”

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De izquierda a derecha: Santiago Hazim, Francisco Iván Minaya Pérez y Germán FloresFuente externa

Santo Domingo. – El Ministerio Público anunció durante el fin de semana el inicio de la denominada “operación Cobra”, mediante la cual acusa a un grupo de personas de sustraer fondos del patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Como parte del operativo, que incluyó 12 allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales, fue arrestado el exdirector de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy.

De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción depositada este martes ante los tribunales, el exfuncionario es acusado de haber creado, a su llegada a Senasa, un Comité de Contrataciones Médicas de manera arbitraria y sin sustento legal, alterando el mecanismo previamente establecido para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud.

Según el Ministerio Público, esta estructura permitió modificar irregularmente los procedimientos internos de contratación y concentrar decisiones clave en un grupo reducido de colaboradores.

Comité integrado por personas de confianza

Los fiscales sostienen que Hazim Albainy seleccionó para dicho comité a empleados de su entorno más cercano, identificados como Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles y Carmen José Velázquez.

“Este comité respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo la línea directa de autoridad de Santiago Hazim Albainy”, señala parte del documento presentado ante el tribunal.

El órgano acusador afirma que este mecanismo fue utilizado para favorecer prestadores de servicios de salud vinculados a amistades personales, allegados políticos, personas que lo habrían apoyado políticamente o individuos que supuestamente ofrecían sobornos.

Así habría operado el entramado

Según la imputación, el exdirector también involucró en el presunto esquema a sus asistentes cercanas, identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes acudían a las reuniones del comité con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas de Hazim Albainy.

El Ministerio Público sostiene que el grupo actuaba de forma articulada para aprobar contratos a prestadores que no cumplían con los requisitos legales y técnicos mínimos, bajo argumentos como “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”.

Roles específicos dentro del comité

En el expediente se detalla que Germán Robles, en su condición de consultor jurídico, ejercía un poder determinante, siendo responsable de imponer la aprobación de prestadores favorecidos y de gestionar contratos al margen del procedimiento regular.

Asimismo, Francisco Iván Minaya, gerente de salud, tenía como función homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del comité, mientras que Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, presionaba para la habilitación y ampliación de prestadores que carecían de documentación o infraestructura adecuada.

Por su parte, Carmen José Velázquez, gerente de afiliación, participaba en la validación y firma sistemática de actas que formalizaban decisiones previamente acordadas con el exdirector de Senasa.

Entramado habría operado entre 2020 y 2025

El Ministerio Público asegura que el presunto entramado operó de forma continua entre los años 2020 y 2025, aunque subraya que Hazim Albainy habría comenzado a recibir beneficios indebidos incluso antes de asumir su cargo y de instaurar el comité de contrataciones.

Entre esos supuestos beneficios, los fiscales indican que el exdirector habría recibido una yipeta Lincoln Navigator, valorada en más de RD$ 6.7 millones, la cual, tras investigaciones, fue vinculada al empresario José Pablo Ortiz Giráldez.

El proceso judicial continúa su curso mientras el Ministerio Público solicita medidas de coerción contra los imputados, dentro de un caso que calificó como uno de alto impacto en la lucha contra la corrupción administrativa.

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