Juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez sigue sin iniciar tras múltiples aplazamientos en más de cinco años

Santo Domingo. – Viajes de imputados, alegatos de notificaciones incorrectas y hasta “vacaciones colectivas” en bufetes de defensa figuran entre los pretextos que han impedido que finalmente inicie el juicio de fondo contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y otros 14 acusados.

La actual etapa del proceso cumplirá en junio de 2026 dos años sin arrancar formalmente, y cinco desde que llegó a los tribunales el expediente de la presunta red que habría operado dentro de la Procuraduría General de la República para desviar fondos públicos, manipular procesos de compras, extorsionar y utilizar recursos del Estado con fines personales y políticos.

Según los registros, han transcurrido 1,602 días desde el arresto del exprocurador sin que el juicio de fondo comience.

La próxima audiencia fue programada para el 14 de enero de 2026, fecha fijada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tras acoger la solicitud de las defensas para un nuevo aplazamiento.

El Ministerio Público detalló que las defensas alegaron la semana pasada que sus oficinas estaban en “vacaciones colectivas” y presentaron además una licencia médica hasta el 11 de diciembre del abogado Enrique Vallejo Garib, representante de Jhonatan Loander Medina Reyes.

La etapa preliminar se pospuso casi 100 veces

El exprocurador, señalado por el Ministerio Público de estafar al Estado con más de RD$6,000 millones, fue enviado a juicio el 28 de junio de 2024 por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Esa fase procesal estuvo marcada por una maratónica e ininteligible lectura íntegra de más de 12,000 páginas del expediente, la cual tomó casi seis meses en largas audiencias en las que incluso acusados, abogados y periodistas se dormían.

Según Participación Ciudadana, en la etapa preliminar se produjeron 94 aplazamientos antes de que el juez dictara apertura a juicio a Rodríguez y otros 14 acusados. Más de 20 imputados negociaron acuerdos con el Ministerio Público.

El 7 de agosto de 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado fue apoderado del caso y, una semana después, fijó la primera audiencia para el 23 de septiembre. A pesar de haber sido citados con un mes de antelación, dos acusados se presentaron sin abogados, y un tercero estaba fuera del país.

Los que acudieron sin representación fueron Javier Alejandro Forteza Ibarra, exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información de la Procuraduría, y Rafael Antonio Mercedes Marte, excontador del organismo. El primero pidió un defensor público y el segundo informó que había cambiado su abogado. Ese mismo día, el abogado de José Miguel Estrada Jackson notificó que este estaba fuera del país y que regresaría cinco días después.

Aplazamientos y recusaciones marcan el curso del expediente

La tercera audiencia fallida del juicio de fondo, el 5 de noviembre de 2024, se aplazó para el 8 de enero por un “error” en la convocatoria que provocó la inasistencia de defensas y acusados.

En enero de 2025, la defensa de Rodríguez recusó a los cuatro jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, alegando arbitrariedad y prevaricación. La recusación fue acogida y el caso pasó por sorteo, en marzo de 2025, al Segundo Tribunal Colegiado.

Ese tribunal convocó para el 1 de mayo, casi dos meses después. La defensa alegó nuevamente que no fueron notificados correctamente, por lo que la audiencia fue reprogramada para el 23 de junio.

En las siguientes fechas —23 de junio y 21 de julio— el Ministerio Público tampoco inició la lectura de la acusación. La presidenta del tribunal, Claribel Nivar Arias, ordenó leer únicamente los hechos y la calificación jurídica, y no las 12,274 páginas del expediente.

Nuevos obstáculos en las audiencias

En esas sesiones, las audiencias fueron aplazadas para esperar la decisión de un recurso de casación interpuesto por Juan Asael Martínez contra un fallo que revocó un “no ha lugar” y ordenó su envío a juicio.

En agosto se pospuso nuevamente para dar más tiempo a Martínez a preparar su defensa, luego de que la Suprema Corte de Justicia rechazara su recurso. El 22 de septiembre, el imputado Ramón Lucrecio Burgos presentó una licencia médica, provocando otro aplazamiento.

“Los aplazamientos generan gastos”, advierte la jueza

En la primera audiencia fallida ante el Segundo Tribunal Colegiado, la jueza Claribel Nivar Arias expresó su frustración ante los constantes retrasos. Recordó a los procesados que los aplazamientos “generan gastos al tribunal y al sistema”.

Cuestionó al acusado Alfredo Alexander Solano por aprovecharse de un “error” de notificación para no acudir. “Esto, señores, genera gastos de personal, gastos para el sistema… A pesar de la gran cantidad de casos que maneja, este tribunal ha dedicado un tiempo sustancial a este proceso”, dijo.

Explicó que el error en la notificación se debió a una dirección que el despacho judicial desconocía. Señaló que, aunque la ley permite no comparecer si la notificación no llega, la situación pudo subsanarse “con colaboración”.