Gobierno declara prioridad nacional combate al “terrorismo medioambiental” en áreas protegidas

Santo Domingo, República Dominicana. – A través del Decreto 615-26, el Gobierno dominicano ha declarado de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al denominado terrorismo medioambiental. Esta medida busca reforzar la persecución de delitos cometidos contra áreas protegidas, parques nacionales y otros recursos naturales de vital importancia.

Definición de terrorismo medioambiental

Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader definió como actos de terrorismo medioambiental aquellas acciones que buscan provocar daños graves o sistemáticos a los parques nacionales. En este sentido, advirtió que se implementarán medidas más drásticas contra tanto dominicanos como extranjeros que incurran en este tipo de ilícitos.

Consecuencias legales y sanciones

El mandatario recordó que el nuevo Código Penal contempla sanciones severas para aquellos que causen daños extensos y duraderos a los recursos naturales y al medioambiente. "Si bien la mayoría de los responsables de incendios son nacionales haitianos, muchos de ellos son enviados por dominicanos. Ambos enfrentarán las mismas penas si causan daños a nuestros parques nacionales", enfatizó Abinader.

Instrucciones a las fuerzas de seguridad

El presidente indicó que ha dado instrucciones a las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Migración y otros organismos de seguridad para que persigan activamente a quienes cometan estas violaciones. Abinader expresó su esperanza de que las sanciones anunciadas actúen como un elemento disuasorio, asegurando que el Gobierno está listo para hacer cumplir el Decreto 615-26 y las disposiciones legales correspondientes.

Impacto de los incendios en el medioambiente

El jefe de Estado subrayó que varios incendios en áreas protegidas están relacionados con actividades ilegales tanto de extranjeros como de dominicanos. Además, advirtió que un incendio forestal no solo destruye árboles, sino que también afecta las fuentes de agua, la biodiversidad, las comunidades locales, la actividad turística y, en última instancia, la calidad de vida de la población.

Política endurecida frente a delitos ambientales

Ante esta preocupante situación, y tras evaluar las consecuencias ambientales, sociales y económicas de las intervenciones ilegales en áreas protegidas, el Gobierno ha decidido endurecer su política frente a estos delitos. "Hemos decidido actuar de manera drástica, catalogando como terrorismo ambiental todo acto que afecte los parques nacionales. Un fuego en un parque no solo afecta los árboles; impacta el agua y la vida misma de los dominicanos", afirmó el presidente.

Contenido del decreto 615-26

El Decreto 615-26 establece que la prevención, detección, investigación y combate del terrorismo medioambiental es de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del país. Esta disposición incluye una protección especial para:

• Áreas protegidas
• Cuencas hidrográficas prioritarias
• Presas y embalses
• Manglares y humedales
• Nacimientos de ríos

Coordinación entre organismos

Asimismo, instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a coordinar acciones para prevenir y combatir incendios forestales provocados y otras amenazas contra el patrimonio ambiental. Las agresiones a estos recursos serán remitidas al Ministerio Público para su correspondiente persecución penal.

Acciones contra la extracción ilegal de recursos

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, destacó que el decreto también refuerza las acciones contra la extracción ilegal de arena y otros materiales de los ríos, una práctica que causa daños severos a las fuentes de agua y a los ecosistemas. El funcionario explicó que el Ministerio está colaborando con las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad para aumentar la vigilancia y evitar que individuos o grupos continúen explotando los cauces de manera irregular.

Las autoridades sostienen que esta nueva política busca fortalecer la protección de los recursos naturales y aumentar las consecuencias legales para quienes provoquen incendios, destruyan ecosistemas o realicen actividades ilícitas que comprometan áreas consideradas estratégicas para la seguridad ambiental del país. El compromiso del Gobierno dominicano es claro: proteger el medioambiente y garantizar un futuro sostenible para todos los ciudadanos.