Diputados aceleran reforma al Código Procesal Penal para evitar vacío jurídico antes del 11 de diciembre

Santo Domingo. – La Cámara de Diputados se encamina a debatir y aprobar en menos de tres semanas una compleja reforma al Código Procesal Penal (CPP), debido al plazo impuesto por el Tribunal Constitucional (TC), que vence alrededor del 11 de diciembre. La urgencia surge tras la anulación de la Ley 10-15 por vicios en su aprobación, lo que dejaría al país bajo el antiguo código del 2002 si no se promulga una nueva ley.

El presidente de la Comisión Permanente de Justicia, Wandy Batista, explicó que los legisladores no tienen margen para evaluar tiempos políticos ni conveniencias institucionales, pues el mandato del TC obliga a actuar con celeridad.

“Estamos presionados por el tiempo, pero debemos cumplir con el plazo y evitar que el país retroceda dos décadas en materia procesal”, expresó.

Riesgo de volver al Código del 2002

Si la reforma no es aprobada antes del vencimiento, el sistema penal dominicano se regiría nuevamente por la ley del 2002, sin avances como:

• Nuevas garantías procesales

• Derechos ampliados para los imputados

• Ajustes en prisión preventiva y plazos procesales

• Rol reforzado del Ministerio Público

• Mejor protección de las víctimas

El retorno a ese marco legal representaría un retroceso significativo en el sistema de justicia penal.

Trabajo acelerado de la Comisión

La Comisión de Justicia, que apenas inició su análisis este jueves, deberá estudiar en tiempo récord una pieza que al Senado le tomó diez meses revisar.

Batista informó que:

• Se han identificado entre 20 y 30 puntos conflictivos del proyecto

• Se trabajará en jornadas dobles

• Se revisará todo el articulado

• El objetivo es rendir un informe a tiempo para su votación en el hemiciclo

El diputado aclaró que, aunque existe debate jurídico sobre una posible extensión del plazo, la comisión se enfocará exclusivamente en cumplir la sentencia del TC.

Incluso se analiza la fecha exacta en la que la decisión fue notificada al Congreso, lo que condiciona si el límite es el 11 o incluso el 6 de diciembre, como plantean algunos sectores.

Proyecto podría declararse de urgencia

Para acelerar el proceso, los diputados evalúan declarar el proyecto de urgencia cuando llegue al Pleno, lo que permitiría aprobarlo en primera y segunda lectura en una sola sesión, según lo establecen los reglamentos congresuales.

Amplio proceso de consultas

El estudio del proyecto incluye:

• Observaciones de abogados

• Aportes de académicos y organizaciones sociales

• Opiniones de legisladores no miembros de la comisión

• Una posible vista pública para escuchar a todos los actores, incluyendo Ministerio Público y Defensoría Pública

A pesar de la complejidad del proyecto y la acumulación de observaciones, Batista afirmó que la comisión hará “todo lo humanamente posible” para entregar a tiempo un informe viable.

“El propósito es impedir que el país llegue a la fecha límite sin una norma procesal penal vigente que se corresponda con el mandato constitucional”, concluyó.