Contraloría mantiene sin publicar auditorías realizadas durante los últimos cuatro años

Santo Domingo, República Dominicana. – La situación actual de la Contraloría General de la República (CGR) ha generado preocupación entre los ciudadanos y expertos en transparencia. Desde 2020, tras las controversias surgidas por las auditorías realizadas, la CGR ha dejado de publicar informes de manera regular. Los resultados de las auditorías efectuadas en los últimos cuatro años permanecen sin acceso público, a la espera de que el Poder Ejecutivo decida su divulgación.

Falta de acceso a la información

La propia institución confirmó esta situación al responder a una solicitud de información presentada en enero pasado, donde se negó a entregar los documentos, solicitando esperar a que los informes finales sean oficializados por el Poder Ejecutivo. Esta negativa se repitió en agosto, cuando el contralor Geraldo Espinosa Pérez se amparó en la Ley 10-07, que regula el Sistema Nacional de Control Interno, argumentando que no existe una obligación expresa de publicar los informes.

Un cambio en la política de transparencia

Esta retención de información contrasta con la política de transparencia que se implementó al inicio de la actual gestión gubernamental. En 2020, el presidente Luis Abinader ordenó auditorías a instituciones públicas de la administración anterior y, en 2022, promovió evaluaciones similares sobre entidades y funcionarios de su propio Gobierno. Sin embargo, la cantidad de publicaciones ha disminuido drásticamente desde 2023.

Estadísticas de auditorías publicadas

Actualmente, el portal de la Contraloría muestra solo 38 auditorías publicadas, de las cuales apenas tres corresponden a 2026. Esto representa solo el 9.7 % de las 390 auditorías realizadas entre 2023 y 2025, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y el acceso a la información pública.

Auditorías reservadas y solicitudes específicas

Además, la CGR ha reservado auditorías que han sido objeto de solicitudes específicas. Un medio de circulación nacional obtuvo acceso en agosto a dos auditorías del Ministerio de Agricultura, correspondientes a los períodos 2020-2023 y 2024. Sin embargo, la institución se negó a comentar sobre ellas, alegando que eran documentos preliminares.

Postura del contralor

El contralor Espinosa Pérez defiende la decisión de reservar estos documentos hasta que se complete el procedimiento correspondiente, en contraste con la postura de su antecesor, Luis Rafael Delgado, quien afirmaba que la población debía ser informada de los resultados de las auditorías.

Marco legal y acceso a la información

La Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública establece en su artículo 6 que la administración pública debe proporcionar información contenida en documentos bajo su control, salvo excepciones. Este artículo considera de interés público la documentación financiera relacionada con el presupuesto del Estado.

Excepciones y sanciones

La ley también contempla excepciones para borradores o proyectos no definitivos y establece sanciones para funcionarios que obstruyan el acceso a información pública que deba ser entregada conforme a la ley.

Impacto en el seguimiento ciudadano

La falta de acceso público a una parte significativa de los informes de la Contraloría limita las posibilidades de seguimiento ciudadano sobre el uso de los recursos estatales. Esta situación se agrava por los retrasos en la publicación de auditorías de la Cámara de Cuentas, que también ha enfrentado dificultades institucionales y conflictos internos.

Como resultado, una parte considerable de las auditorías realizadas sobre la gestión financiera del Estado en los últimos seis años permanece fuera del alcance público, a pesar de haber sido elaboradas con recursos estatales y, en muchos casos, con la participación de firmas privadas contratadas para esos fines. La transparencia y el acceso a la información son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.