Conflicto Judicial por reducción del Parque Nacional Jaragua

Santo Domingo. – La reciente reducción del Parque Nacional Jaragua para facilitar la creación del Polo Turístico de la Región Suroeste ha desatado un conflicto judicial entre el Estado dominicano y presuntos propietarios de terrenos dentro de esta área protegida. Este enfrentamiento legal podría abrir la puerta a la explotación comercial de una de las zonas más valiosas en términos ambientales del país.

El Polo Turístico fue establecido mediante la Ley 266-04, promulgada por el expresidente Hipólito Mejía solo cuatro días antes de finalizar su mandato. Esta normativa define un amplio perímetro turístico que abarca varias provincias, incluyendo Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

Según la ley, el polo turístico incluye toda la franja costera que se extiende desde la bahía de Neiba hasta la frontera con Haití, en la desembocadura del río Pedernales. Esto abarca la totalidad del litoral marino del Parque Nacional Jaragua y la zona de Bahía de las Águilas.

Conflictos legales y reclamos de propiedad

La empresa Inversiones del Sur ha presentado un reclamo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) basándose en la Ley 266-04, demandando el derecho de propiedad sobre terrenos que se encuentran dentro del parque. Esta empresa ha presentado cuatro títulos que abarcan una superficie total de 12,577,201.82 metros cuadrados.

Inversiones del Sur sostiene que su objetivo es “ofrecer libremente en el comercio sus inmuebles beneficiados por la Ley 266-04”. El TSA ha acogido esta solicitud, ordenando al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que actualice el Catastro Nacional de Áreas Protegidas de la Región Sur, lo que implica una modificación de los límites del parque y la exclusión de la franja marítima para su uso empresarial.

Origen de la empresa y denuncias ambientales

El gerente de Inversiones del Sur, Ricardo Alfredo Gadala-María Nasser, es sucesor de Elías Gadala-María, cuyas propiedades fueron expropiadas tras la caída de Rafael Leonidas Trujillo, debido a su supuesta relación como testaferro del dictador. Estas confiscaciones dieron lugar a extensos litigios judiciales.

El ambientalista Luis Carvajal ha denunciado que la sentencia emitida en 2025 no es un hecho aislado, sino el último intento de la familia Gadala-María Nasser y su empresa para llevar a cabo lo que él considera un despojo de tierras públicas dentro de áreas protegidas.

El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado su intención de apelar la sentencia, advirtiendo que este precedente pone en riesgo la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Los abogados de la institución argumentan que cualquier modificación de los límites de un parque nacional requiere la aprobación de una ley orgánica, respaldada por las dos terceras partes del Congreso Nacional, según lo estipulado por la reforma constitucional de 2010.

El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, ha calificado la decisión como una “sentencia temeraria”, advirtiendo que podría validar antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos dentro de áreas protegidas, debilitando así el sistema de conservación ambiental del país.

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas ha expresado su preocupación por la sentencia que autoriza la reducción del Parque Nacional Jaragua. Alertan que esta interpretación del TSA podría abrir la puerta a una judicialización masiva del SINAP, generando incertidumbre jurídica.

En un comunicado, la coalición advirtió que, de confirmarse el fallo, se establecería un precedente peligroso, donde omisiones administrativas podrían prevalecer sobre áreas protegidas creadas mediante ley, exponiendo ecosistemas estratégicos a presiones económicas e intereses particulares.