Conep cuestiona la decisión de Abinader sobre el proyecto minero Romero

Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha manifestado su desacuerdo con la reciente decisión del presidente Luis Abinader de detener "de manera inmediata" cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia San Juan.

La postura del Conep

En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, el vicepresidente ejecutivo y vocero del Conep, César Dargam, subrayó que la República Dominicana posee un potencial minero inmenso y que es posible desarrollar proyectos mineros bajo un enfoque que contemple el equilibrio social, ambiental y económico.

Dargam destacó: "El presidente Luis Abinader se ha caracterizado por su vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero, pues plantea interrogantes sobre la necesidad de resguardar procesos institucionales claros y basados en evidencia".

Viabilidad de la minería responsable

El representante empresarial enfatizó que una minería responsable en la República Dominicana es viable siempre que se garantice un balance adecuado entre el desarrollo económico, la protección ambiental y el consenso social. Esto implica que los proyectos mineros deben ser evaluados cuidadosamente, considerando tanto los beneficios económicos como los posibles impactos en las comunidades y el medio ambiente.

Contexto de la decisión del presidente

La decisión del mandatario se produjo un día después de que cientos de personas marcharan en San Juan en rechazo al proyecto minero. Esta movilización social refleja las preocupaciones de la población sobre los efectos que la minería puede tener en su entorno y calidad de vida.

El presidente Abinader explicó que su decisión se fundamenta en la Ley 64-00 y sus reglamentos, que establecen que, ante un rechazo masivo de la población hacia un proyecto de esta naturaleza, no resulta viable su continuidad. Esta normativa busca proteger los derechos de las comunidades y asegurar que se escuchen sus voces en decisiones que afectan su futuro.