Comunitarios denuncian urbanización ilegal en tierras agrícolas de Monseñor Nouel

Monseñor Nouel. – Tierras agrícolas altamente productivas están siendo convertidas en urbanizaciones y asentamientos humanos en el municipio cabecera de Bonao y en otros puntos de la provincia Monseñor Nouel, en presunta violación de las leyes agrarias y ambientales de la República Dominicana.

Ramón Castillo Soto, productor agropecuario y presidente de la Comunidad Ecológica de la provincia Monseñor Nouel, calificó como “criminal” el cambio de uso de suelo en áreas de vocación agrícola, especialmente en terrenos históricamente destinados a la producción de arroz en el asentamiento agrario número 1 de la Reforma Agraria, ubicado en Juma San Isidro.

Destrucción masiva

“Estamos destruyendo las mejores tierras del país, las mismas donde nació la Reforma Agraria y donde operaba el laboratorio de arroz número uno de la República Dominicana. Sin estudios técnicos ni autorizaciones válidas, empresas privadas están urbanizando y levantando hormigoneras sobre parcelas productoras de arroz”, expresó Castillo Soto.

El dirigente ambientalista denunció que una empresa, vinculada anteriormente a conflictos ambientales en San José de Ocoa, estaría urbanizando una parcela de 60 tareas en la comunidad de Punto, dentro del asentamiento agrario número 6001.

De acuerdo con Castillo Soto, otras compañías estarían actuando con el aval tácito o la complicidad de funcionarios locales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes —según afirma— no han detenido las construcciones ilegales pese a las evidencias presentadas.

Representantes de organizaciones ambientales sostienen que esta problemática no se limita a una sola comunidad, sino que se extiende a gran parte de la provincia. Como ejemplo, señalaron el distrito de Rancho Nuevo, donde —afirman— quedan pocas tierras de vocación agrícola debido a la expansión urbana descontrolada y la explotación de canteras.

Acusaciones contra Medio Ambiente

Castillo Soto cuestionó la actuación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al que acusó de estar “ciego, sordo y mudo” frente a las violaciones denunciadas.

Aseguró que existen órdenes de arresto contra presuntos depredadores ambientales que no han sido ejecutadas, alegando posibles actos de complicidad o negligencia institucional. Finalmente, recordó al presidente Luis Abinader que los bosques y las tierras productivas constituyen un asunto de seguridad nacional.