Comunidades de Sánchez Ramírez mantienen conflicto con Barrick Pueblo Viejo por construcción de presa de colas

Sánchez Ramírez. – Tras un año completo de diálogos, las comunidades de esta provincia y representantes de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo continúan sin alcanzar un acuerdo sobre la construcción de una nueva presa de colas, proyecto que ha generado tensiones, protestas y preocupación ambiental entre los residentes locales.

La presencia de unidades del Ejército, la Policía Nacional y maquinarias pesadas ha incrementado la intranquilidad en la zona, particularmente en el distrito municipal de Zambrana Abajo, donde la empresa pretende desarrollar parte de la obra.

Negociaciones estancadas

Aunque se logró la firma de un contrato marco entre ambas partes, los puntos fundamentales de compensación y mitigación ambiental siguen sin resolverse.
Meses atrás, representantes de las comunidades, la minera, el Ministerio de Energía y Minas, la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo sostenían encuentros periódicos; sin embargo, esas conversaciones se suspendieron tras la firma del acuerdo inicial, sin resultados concretos.

“Pisotean los derechos de la comunidad”

En declaraciones a la prensa, el comunitario Cirilo Vásquez denunció que las maquinarias han reanudado los movimientos de tierra pese al rechazo local.

“La Barrick lo que está es pisoteando los derechos de la comunidad. Están acabando con todo. Militares que debieran estar en la frontera están aquí vendiendo sus intereses”, expresó con indignación.

Residentes de El Rayo, Los Naranjos, Los Higos, Las Tres Bocas, Arroyo Vuelta y Las Lajas aseguran que la biodiversidad ha disminuido de forma alarmante en los ríos El Naranjo y Maguaca, donde —afirman— han ocurrido derrames de materiales tóxicos vinculados a las operaciones mineras.

Riesgo ambiental y desplazamientos

Los líderes comunitarios reclaman el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales comprometidos por la empresa y las autoridades, advirtiendo que la construcción de la presa implicaría la movilización de al menos 600 familias.

Recordaron que, en años anteriores, el río El Naranjo suplía de agua a más de mil familias, pero actualmente su uso representa un peligro para la salud humana.

“Antes el río era vida. Hoy nadie se atreve a tomar esa agua. Si la bebes, te enfermas”, expresó un residente de Las Tres Bocas.

Las comunidades de Sánchez Ramírez mantienen su postura de que cualquier expansión minera debe garantizar la protección ambiental, el respeto a la salud pública y la reubicación digna de las familias afectadas, condiciones que hasta el momento —afirman— no se han cumplido.