Avances y desafíos del sistema de justicia en la República Dominicana

Santo Domingo. – El sistema de justicia dominicano ha mostrado progresos significativos en su capacidad para resolver casos, disminuir la mora y digitalizar procesos. Sin embargo, estas mejoras aún no se traducen en un acceso efectivo y equitativo para todos los ciudadanos. Esto es lo que revela el Informe de Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana 2026, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado el pasado martes.

El estudio, titulado Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible, enfatiza que la eficiencia institucional es fundamental para mejorar el acceso a la justicia, aunque no es suficiente por sí sola. El informe identifica diversas barreras que pueden dificultar que una persona inicie, comprenda y mantenga un proceso judicial hasta obtener una respuesta.

Tipos de barreras identificadas

• Barreras económicas
• Barreras territoriales
• Barreras procedimentales
• Barreras digitales
• Barreras socioculturales

Avances en el sistema judicial

Durante la presentación del informe, Ana María Díaz, representante residente del PNUD en República Dominicana, destacó los logros del sistema judicial. "Los datos muestran una justicia que avanza: hoy el sistema alcanza una capacidad resolutiva promedio de 94.9%, se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y aproximadamente el 66% de los trámites se procesan de manera electrónica", afirmó Díaz, según la nota de prensa del PNUD.

Más casos resueltos, mayor demanda

El informe revela un crecimiento notable en el volumen de asuntos resueltos por el Poder Judicial. Entre 2021 y 2025, los casos resueltos aumentaron de 452,869 a más de 1.1 millones. Sin embargo, durante el mismo período, la entrada de casos también creció, de 498,722 en 2021 a más de 1.1 millones en 2025. Esta dinámica refleja una mayor capacidad de respuesta, pero también una presión estructural sostenida sobre el sistema.

La tasa de resolución de los asuntos judiciales pasó de 90.8% en 2021 a 98.4% en 2025. Sin embargo, el PNUD advierte que una mayor cantidad de casos resueltos o una mejor tasa de resolución no garantizan un acceso efectivo a la justicia.

Principales barreras en el proceso judicial

Una encuesta exploratoria realizada por el PNUD a 89 personas usuarias del sistema de justicia reveló que el 39.3% enfrentó dificultades durante su proceso judicial. Este levantamiento, aunque no es representativo de toda la población dominicana, destaca las principales barreras:

• Demoras y tiempos excesivos: 63%
• Gastos legales: 46%
• Problemas de calidad de atención: 26%
• Dificultades de traslado: 26%

Estas barreras pueden surgir antes de iniciar un proceso, durante su tramitación o en la capacidad de una persona para mantenerlo hasta obtener una respuesta. Por ejemplo, las demoras no solo son un problema de gestión institucional; para quienes tienen menos recursos, cada traslado o espera puede significar gastos adicionales y, en algunos casos, el abandono del proceso.

La brecha digital y su impacto

La transformación digital es otro de los avances destacados en el informe. El Poder Judicial ha implementado expedientes electrónicos, firma digital y audiencias virtuales. En 2025, la primera fase de la Mudanza Digital logró un 91.8% de gestiones en línea en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa.

No obstante, el PNUD señala que tener herramientas digitales no garantiza su uso por parte de la ciudadanía. De las 89 personas consultadas, el 70.8% no sabía que existía un sistema en línea para consultar el estado de su caso, mientras que solo el 9% afirmó conocerlo y utilizarlo. Este desconocimiento es más pronunciado entre personas con menor nivel de escolaridad.

Diferencias territoriales en el acceso a la justicia

El acceso a la justicia varía significativamente en el territorio nacional. En 2025, el Distrito Nacional registró una tasa de 2,689.1 expedientes ingresados por cada 10,000 habitantes, en contraste con 600.5 en Barahona y 316.0 en Santiago. Estas diferencias no solo reflejan la conflictividad, sino también la concentración institucional y la capacidad de registro.

El Rule of Law Index 2025, del World Justice Project, posicionó a República Dominicana en el puesto 76 de 143 países, mejorando diez posiciones respecto a su ubicación anterior y registrando un aumento del 2.1% en su puntuación general.

A partir de estos hallazgos, el PNUD propone un análisis de la justicia desde una perspectiva centrada en las personas, en lugar de medir sus avances únicamente mediante infraestructura o indicadores de eficiencia. El informe organiza su análisis en tres dimensiones:

• Justicia habilitadora: orientada a remover barreras y ampliar capacidades.
• Justicia resiliente: relacionada con la continuidad del servicio y los riesgos emergentes.
• Justicia adaptativa: que reconoce las distintas condiciones y vulnerabilidades de las personas que utilizan el sistema.

El documento concluye que la mejora administrativa debe traducirse en capacidades reales para la ciudadanía. Esto implica que la eficiencia procesal y la modernización tecnológica deben ir acompañadas de una menor desigualdad en el acceso, mayor comprensión de los procedimientos y protección efectiva de las personas vulnerables.

Rutas de acción propuestas

El PNUD sugiere 11 rutas de acción, entre ellas:

• Llevar los servicios a los territorios donde más se necesitan.
• Utilizar información en lenguaje claro.
• Fortalecer la mediación y conciliación.
• Combinar herramientas digitales con apoyo presencial.
• Mejorar la coordinación entre instituciones.
• Ampliar las medidas de protección para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Estos enfoques son esenciales para garantizar que el sistema de justicia no solo sea eficiente, sino también accesible y equitativo para todos los dominicanos.