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Aplazamientos por falta de traslados colapsan agenda judicial en Santo Domingo Este

Santo Domingo. – La crisis en el sistema de traslados de detenidos en la Fiscalía de Santo Domingo Este continúa provocando aplazamientos en las audiencias de medidas de coerción, generando retrasos que afectan a víctimas, familiares y a los propios procesos judiciales.
Uno de los casos más recientes es el de Leonardo Aneudi Suárez, conductor de Uber asesinado de un disparo en la cabeza en la avenida España. Su presunto agresor, Luis Alberto Heredia del Rosario, permanece detenido a la espera de que se conozca la medida de coerción.
Sin embargo, la audiencia ha sido aplazada cinco veces, según confirmó el abogado de la familia, Jonathan Arias.
Arias explicó que la Fiscalía de Santo Domingo Este maneja un cúmulo excesivo de personas privadas de libertad, lo que limita la capacidad de realizar los traslados diarios hacia los tribunales.
“Lo que sucede es que hay un problema con el cúmulo de presos que tiene la Fiscalía de Santo Domingo Este. No tienen capacidad de hacer los traslados. Lo que están haciendo es que los que tienen más tiempo con medidas presentadas los suben primero; a los demás los van extendiendo”, indicó el abogado.
Efecto dominó en la agenda judicial
La falta de personal para los traslados se ha convertido en una situación recurrente en la jurisdicción, provocando un efecto dominó en toda la agenda judicial:
audiencias que no se abren, fiscales obligados a reprogramar casos y víctimas que deben regresar una y otra vez sin recibir respuestas.
Arias señaló que el colapso responde a factores estructurales, entre ellos el tamaño de la demarcación y la cantidad de expedientes.
“Santo Domingo Este es demasiado grande. Abarca incluso Boca Chica, Santo Domingo Norte y, en ocasiones, hasta casos de Los Alcarrizos. La cantidad de expedientes es enorme y el personal que tiene no da abasto”, agregó.
Impacto emocional en las familias
El caso de Leonardo Aneudi Suárez, marcado ya por la violencia del crimen, enfrenta ahora una cadena de retrasos que mantiene a su familia en un proceso emocionalmente desgastante, a la espera de que el tribunal pueda finalmente conocer la medida de coerción.

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