Ministerio Público acusa por terrorismo a peruano por falsa amenaza de bomba en el AILA

Santo Domingo. – El Ministerio Público ha presentado una acusación formal este martes contra Ángel del Pino Cuya, también conocido como Ricardo Casas, un ciudadano peruano. Este individuo está imputado por realizar una falsa amenaza de bomba que llevó a la activación de los protocolos de seguridad nacional en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el pasado 6 de enero de 2026.

El órgano persecutor ha solicitado prisión preventiva y ha declarado la complejidad del proceso, argumentando la gravedad de los hechos, el impacto en la seguridad del Estado, el peligro de fuga, el riesgo de obstrucción del proceso y la alta probabilidad de que el imputado reincida en su comportamiento delictivo.

Según la solicitud de medida de coerción, el imputado realizó una llamada telefónica en la que alertó sobre la supuesta existencia de un artefacto explosivo a bordo del vuelo CM299 de Copa Airlines, que se dirigía a Panamá. En ese momento, la aeronave se encontraba en pleno trayecto. La información fue canalizada a través del centro de atención de la empresa concesionaria del aeropuerto, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

En el momento de la llamada, Del Pino Cuya se presentó como gerente de un restaurante en el centro de Santo Domingo y afirmó que la información le había sido proporcionada por un familiar. Sin embargo, posteriormente cambió su versión, alegando que un amigo de la familia fue quien le comunicó la supuesta alerta, indicando que esta persona era originaria de Francia.

Consecuencias de la falsa alarma

La falsa alarma provocó una serie de acciones que incluyeron:

• El retorno forzoso del avión.
• La evacuación controlada de los pasajeros.
• La inspección total de la aeronave y del equipaje.
• La suspensión temporal de las operaciones aéreas en el AILA por aproximadamente tres horas.
• Desvío de varios vuelos hacia otras terminales del país, incluyendo Punta Cana y Santiago de los Caballeros.

Operativos de seguridad involucrados

En la operación de respuesta participaron diversas entidades, incluyendo el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), así como organismos militares y otras agencias de seguridad del Estado.

Implicaciones legales

A pesar de que no se encontró ningún explosivo, el Ministerio Público sostiene que la conducta del imputado se ajusta al tipo penal de terrorismo. Esto se debe a que se trató de una acción deliberada destinada a generar pánico colectivo, alterar el orden público y afectar un servicio estratégico esencial como la aviación civil. La mera existencia de una amenaza de esta naturaleza pone en riesgo vidas humanas y compromete la seguridad nacional.

Pruebas en el expediente

El expediente incluye:

• Transcripciones de las llamadas.
• Registros telefónicos certificados.
• Informes técnicos de compañías de telecomunicaciones.
• Reportes de inteligencia que vinculan directamente al imputado con la amenaza.

Además, se menciona que Del Pino Cuya intentó eliminar rastros de la comunicación mediante el cambio del chip telefónico utilizado.

Una vez concluidos los protocolos de seguridad, el vuelo CM299 logró despegar con destino a Panamá alrededor de las 7:16 de la noche. Sin embargo, 19 pasajeros decidieron no abordar la aeronave tras el incidente. Las autoridades estiman que este hecho generó pérdidas económicas, alteraciones logísticas y un despliegue extraordinario de recursos humanos y técnicos.

Del Pino Cuya fue apresado el 28 de enero en su residencia en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional, y actualmente se encuentra detenido en la cárcel preventiva de San Luis. El Ministerio Público le atribuye violaciones a los artículos 3 (inciso 1, literal e), 63 y 78 de la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, así como a los artículos 11 y 30 de la Ley 267-08 sobre Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción está programada para este jueves 5 de febrero en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Si se le encuentra culpable, el imputado podría enfrentar una pena de entre 30 y 40 años de prisión, conforme a lo establecido en la Ley 267-08.