Abinader ratifica tolerancia cero a la corrupción tras arrestos por irregularidades en Senasa

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader reiteró este lunes que su Gobierno mantiene una política de tolerancia cero frente a la corrupción y la impunidad, al referirse a los resultados de la investigación realizada en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la cual confirmó graves indicios de actuaciones fraudulentas dentro de la institución.

El mandatario aseguró que toda señal de irregularidad será investigada sin vacilaciones y que cualquier persona responsable deberá responder ante los tribunales. Su reacción se produjo luego del arresto de ocho personas, entre exfuncionarios y suplidores de Senasa, vinculados a los hechos bajo investigación.

Abinader explicó que desde el inicio de su gestión, en agosto de 2020, asumió un compromiso “inquebrantable con la transparencia y la defensa del patrimonio público”, razón por la cual ordenó acciones inmediatas tan pronto recibió informaciones preliminares que apuntaban a posibles anomalías en los procedimientos administrativos de la entidad.

Según indicó, esas alertas motivaron la apertura de una investigación interna, con el objetivo de verificar la veracidad de las denuncias y esclarecer los hechos.

“El informe lamentablemente confirmó lo que no hubiésemos querido encontrar”, expresó el jefe del Estado, al precisar que el documento resultante corroboró fuertes indicios de posibles hechos de corrupción que comprometen recursos pertenecientes tanto a los afiliados como al Estado dominicano. Agregó que el informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que proceda conforme a la ley.

Senasa será actor civil

El presidente ordenó que Senasa se constituya en actor civil dentro del proceso judicial correspondiente, con el fin de asegurar la recuperación del patrimonio presuntamente defraudado. Esta medida permitirá a la institución participar formalmente en la acusación, reclamar indemnización y dar seguimiento legal al caso.

Abinader recalcó que la determinación de su administración es llevar ante la justicia tanto a funcionarios como a particulares que resulten implicados en cualquier maniobra que perjudique al Estado. “Se impondrá todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al pueblo dominicano, sin excepciones ni privilegios”, afirmó.

El pronunciamiento presidencial busca, además, enviar un mensaje de confianza a la ciudadanía en un momento en que el país mantiene especial vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos, particularmente en entidades de alto impacto social como Senasa, responsable de administrar fondos del régimen subsidiado y de contribuir al financiamiento de la protección sanitaria de millones de dominicanos.

El mandatario insistió en que su Gobierno ha fortalecido los mecanismos de control interno, auditoría y supervisión institucional, aunque advirtió que ningún sistema sustituye la obligación de actuar con rigor ante cualquier indicio de conducta indebida. Destacó que la colaboración con el Ministerio Público responde a una política sistemática de transparencia, y no a acciones aisladas.

Recordó que durante su gestión se han impulsado investigaciones similares en otros organismos del Estado, siempre bajo la premisa de que la administración pública debe funcionar con estrictos estándares de integridad y rendición de cuentas. “Nuestro deber es proteger cada peso del patrimonio común y garantizar que la confianza depositada por los ciudadanos no sea traicionada”, subrayó.

Abinader llamó finalmente a la tranquilidad y reiteró que los dominicanos pueden confiar en que su Gobierno mantendrá firme la vigilancia y la sanción ante cualquier acto de corrupción. “No habrá espacio para la impunidad ni para el engaño. Cada hecho será investigado y cada responsable, sometido a la ley. Ese es nuestro compromiso con la República Dominicana”, concluyó.

Por su parte, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público aseguró en un comunicado que actuará con “firmeza y determinación” para establecer responsabilidades y exigir el resarcimiento correspondiente al Estado.