Ayudas federales al arroz estadounidense marcan debate sobre competencia en República Dominicana

Santo Domingo. – El arroz que Estados Unidos exporta cuenta con una red de ayudas federales que protege a sus productores frente a caídas de precios, pérdidas económicas y dificultades de comercialización. Este respaldo constituye un elemento relevante para República Dominicana, donde la apertura a las importaciones plantea interrogantes sobre las condiciones de competencia entre ambos sectores arroceros.

Una medida reciente permite dimensionar ese apoyo. El programa Farmer Bridge Assistance, aprobado en febrero de 2026 para cultivos sembrados en 2025, estableció una ayuda extraordinaria de US$132.89 por acre de arroz, equivalente a unos US$328 por hectárea. Fue la mayor tasa por superficie entre los cultivos incluidos, por encima del algodón, el maíz, el trigo y la soya.

Estas transferencias pueden contribuir a sostener una explotación agrícola cuando sus ventas no alcanzan para cubrir los costos. Por ello, comparar únicamente los precios internacionales del producto deja fuera parte de las condiciones económicas en las que se produce.

Para calcular el pago a los arroceros, las autoridades utilizaron un rendimiento de 75.06 quintales estadounidenses por acre y un precio previsto de US$11.60 por quintal. Cada quintal estadounidense equivale a 100 libras.

El ingreso estimado por ventas fue de US$870.70 por acre, frente a costos de producción de US$1,307.68, lo que representa una pérdida calculada de US$436.98 por acre.

La ayuda de US$132.89 cubre el 30.4 % de esa pérdida y equivale al 15.3 % del ingreso previsto por ventas y al 10.2 % del costo estimado. Estas proporciones corresponden al modelo oficial y no necesariamente a las cuentas particulares de cada finca.

Otros mecanismos de respaldo

El pago extraordinario no representa la totalidad de los subsidios recibidos por los arroceros estadounidenses. Para determinar ese monto sería necesario sumar los beneficios de los programas aplicables a un mismo período, considerar sus requisitos y evitar mezclar ayudas correspondientes a cosechas distintas.

Entre los mecanismos permanentes figura Price Loss Coverage (PLC), que genera compensaciones cuando el precio aplicable de un cultivo cae por debajo de su referencia efectiva.

La legislación aprobada en 2025 elevó el precio legal de referencia del arroz de US$14 a US$16.90 por cada 100 libras, un incremento del 20.7 %. El cambio se aplica desde la cosecha de 2025 y refuerza la protección frente a precios bajos.

Sin embargo, no constituye una garantía de compra de toda la cosecha a ese precio. Los pagos del PLC se calculan multiplicando la diferencia de precios por un rendimiento reconocido y por el 85 % de la superficie histórica elegible, por lo que dependen de registros y requisitos específicos.

El programa Agriculture Risk Coverage (ARC) ofrece otra modalidad de respaldo ante disminuciones de ingresos. También existen préstamos federales de comercialización que permiten utilizar la cosecha como garantía y, bajo determinadas condiciones de mercado, obtener beneficios mediante su devolución a una tasa inferior.

Los apoyos excepcionales tampoco comenzaron en 2026. En 2023, el Departamento de Agricultura habilitó hasta US$250 millones exclusivamente para productores de arroz, tomando como base las superficies sembradas o que no pudieron sembrarse en 2022, para afrontar los elevados costos de producción.

Para República Dominicana, estos mecanismos aportan un elemento concreto al debate comercial: el arroz importado procede de un sector respaldado por recursos públicos.

Ese apoyo no demuestra, por sí solo, que existan ventas por debajo del costo o una infracción comercial. Sí plantea la necesidad de evaluar la competencia tomando en cuenta las ayudas, además de la productividad, la escala de producción, el transporte y la calidad.

Una comparación rigurosa debe considerar los apoyos disponibles para los productores de ambos países y su incidencia en los precios.

Agricultura asegura que mantendrá apoyo a los productores

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, aseguró que la derogación del decreto 635-26, relacionado con el régimen arancelario del arroz, no significa que el Gobierno abandone a los productores ni que haya renunciado a proteger al sector.

Afirmó que el presidente Luis Abinader mantiene su compromiso con la producción nacional mediante medidas destinadas a fortalecer la productividad y la competitividad, entre ellas la mecanización, la planificación y la asistencia técnica.

“Como ministro de Agricultura, y como una persona que conoce profundamente la realidad del campo, puedo decir con claridad que este Gobierno no va a dejar solos a los productores arroceros. El arroz es un rubro estratégico para la seguridad alimentaria del país, sostiene miles de empleos y forma parte esencial de la economía rural dominicana”, expresó Espaillat.

Explicó que la decisión sobre el régimen arancelario responde a una visión de Estado que toma en cuenta los compromisos comerciales asumidos por el país.