Ambientalistas y sacerdotes reclaman ley que prohíba minería metálica en la cordillera Septentrional

Santiago, República Dominicana. – El movimiento Unidos Somos Más, integrado por sacerdotes, ambientalistas y líderes campesinos, demandó garantías jurídicas que impidan la explotación de minería metálica en la cordillera Septentrional.

Durante una rueda de prensa, sus representantes plantearon la necesidad de que el Gobierno y el Congreso Nacional impulsen instrumentos legales que trasciendan los compromisos verbales y garanticen la protección permanente de ese sistema montañoso.

“Es por esta razón que estamos demandando la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica y reconozca el enorme valor ecológico de la cordillera Septentrional y la necesidad de su conservación”, señala un documento leído por el sacerdote Juan Luis Díaz Bonilla.

El movimiento indicó que esas garantías deben extenderse a cualquier actividad que pueda poner en riesgo la integridad y estabilidad ambiental de la cordillera.

La posición de los comunitarios se produce en un contexto en el que el Ministerio de Energía y Minas ha reiterado que actualmente no existe un plan de explotación minera en la cordillera Septentrional y que las concesiones vigentes corresponden únicamente a labores de exploración. En abril, el ministro Joel Santos aseguró que no existen contratos de explotación ni solicitudes en curso para pasar a una fase extractiva.

Reclaman respeto a evaluaciones ambientales

Unidos Somos Más sostuvo que las evaluaciones de impacto ambiental forman parte del ordenamiento jurídico dominicano y deben ser respetadas como garantía de que cualquier actividad eventualmente autorizada reduzca y compense sus posibles impactos sobre el medioambiente y las comunidades.

Los representantes del movimiento afirmaron además que las vistas públicas correspondientes a un eventual proceso de evaluación ambiental solo deberían realizarse después de contar con los estudios técnicos requeridos.

En ese sentido, señalaron que las actividades realizadas recientemente en Santiago y Puerto Plata fueron encuentros de socialización y no vistas públicas dentro de un procedimiento formal de evaluación de impacto ambiental.

Aunque reconocieron que esos encuentros pueden contribuir a que las comunidades conozcan las características de un proyecto, advirtieron que no deben sustituir los mecanismos de participación establecidos dentro de los procesos de gestión socioambiental.

El Ministerio de Energía y Minas ha explicado previamente que cualquier eventual paso de exploración a explotación requeriría una nueva solicitud, evaluaciones técnicas y ambientales y, finalmente, la autorización correspondiente del Poder Ejecutivo.

La institución también informó en enero que las pruebas geofísicas realizadas en la zona no habían arrojado, hasta ese momento, resultados que identificaran yacimientos de interés económico, por lo que no se había avanzado hacia ninguna fase de desarrollo o explotación.